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A media mañana del pasado lunes una mujer de nacionalidad ecuatoriana formuló una denuncia en un juzgado de Palma. La mujer aseguró que la madrugada anterior había sido objeto de una violación por parte de su esposo, y que cuando ella se resistía a la penetración fue agredida en repetidas ocasiones por el hombre. Desde el juzgado se remitió un escrito a la Policía Local para que se investigara el caso y se ampliaran los datos de la denuncia.

Una patrulla acudió al domicilio familiar, en una barriada de Palma, pero no se encontró al denunciado.

Horas después, sobre las seis de la madrugada del martes, el sospechoso fue detenido cuando regresaba a su domicilio, y fue trasladado a las dependencias del cuartel de San Fernando, donde quedó recluído en los calabozos. Este mismo día, continuando con la instrucción de diligencias, se tomó declaración a la mujer. En la misma relató que en su país (Ecuador), su esposo ya la había obligado en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza, pero desde que llegaron a España y se instalaron en Palma era la primera vez que incurría en este delito. La mujer añadió que su esposo solía irse de noche y regresaba a altas horas de la madrugada. Cuando lo hacía, si quería mantener relaciones sexuales la despertaba y la obligaba a tenerlas.

La madrugada del lunes el hombre llegó a la casa y tras entrar en el dormitorio cerró con llave por dentro. Después la despertó a ella y, según la denuncia, mediante el uso de la fuerza, con sus manos apretó las suyas para que quedara aprisionada en la parte del cabezal. Acto seguido, el hombre, con sus rodillas abrió las de la mujer y la agredió sexualmente, mientras la golpeaba en distintas partes del cuerpo para minar su resistencia.

Cuando hubo finalizado la agresión él se quedó dormido, hasta que horas después se despertó y se fue, dejando a la mujer encerrada en la habitación. Poco después la víctima pudo salir y acudió al juzgado, donde formuló la denuncia. El pasado miércoles el detenido fue presentado ante la autoridad judicial, y después de prestar declaración quedó en libertad. Con respecto a los hijos del matrimonio, se efectuaron gestiones para que puedan ser atendidos en un centro de acogida.