J.F.M.15/02/02 0:00
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Una sentencia dictada por el juez del Juzgado de lo Penal número 6 de Palma ha condenado a un empresario mallorquín, que se deshizo de su patrimonio para conseguir que se le declarara insolvente, y de esta forma no se le pudieran intervenir sus bienes para hacer frente a una indemnización. El acusado es Francisco Rosales Martos, de 43 años de edad, que ha sido declarado culpable de un delito de alzamiento de bienes, por el que el juez fija una condena de dos años y cuatro meses de prisión.

Este individuo ya fue condenado en el año 1997 por una sentencia dictada por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, que le declaró culpable de apropiación indebida y falsedad. Francisco Rosales era socio de una constructora. El empresario entró en contacto con un cliente que le contrató para que terminara la construcción de un chalet en la zona de Camp de Mar, en Andratx. El propietario adelantó la suma de 26 millones de pesetas al acusado. Sin embargo, después descubrió que Rosales paralizó la obra por falta de material. Después se descubrió que lo que hizo fue destinar el dinero que cobró y el material que tenía a otra obra que estaba realizando en la zona de Secar de la Real. Para justificar este traspaso de fondos falsificó unas facturas.

Los jueces le impusieron una pena de cárcel y le ordenaron que indemnizara al perjudicado con más de nueve millones de pesetas. Antes de que se llevara a cabo la ejecución de la sentencia y se le reclamara el pago de la indemnización, el constructor se deshizo de su patrimonio, y con ello logró ser declarado insolvente. Se inventó la venta a sus padres y a un cuñado de dos locales y un piso que eran suyos. Esta venta fue ficticia, puesto que el acusado después continuó disfrutando de estos bienes.

El juez considera que esta maniobra constituye un delito de alzamiento de bienes y, no sólo impone la pena de cárcel al acusado, sino que declara nulos los contratos de venta.