El empresario del «caso juego» cifra sus pérdidas en 200 millones ante el juez

A la tanda de declaraciones que se celebró ayer estaba citado Lorenzo Morey Forcades, por entonces jefe del funcionario de la Sección de Juego de la conselleria José Oliver Clar, que denunció a la policía que estaba siendo 'espiado' por un detective contratado por Ismael Gago. El testigo, sin embargo, no compareció, aunque volverá a ser citado en breve. El dueño de la empresa de máquinas recreativas Uninova 2000 prestó declaración en presencia de los letrados Eduardo Valdivia, Luis Morell y Antonio Mas y explicó al magistrado que en mayo de 1999 agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de Palma le instaron a que entregara determinados documentos sobre su empresa, a lo que él se negó porque no traían ningún mandamiento judicial.

Días después, según consta en el relato efectuado ayer por Martín Gago, compareció en Jefatura acompañado por su abogado José Manuel Sierra, que también es concejal de Gobernación del Ajuntament de Palma. Fue entonces cuando supuestamente uno de los funcionarios del grupo comentó que la investigación era «un marrón» que le habían pasado a él. El dueño de Uninova 2000 añadió que en abril del año pasado mantuvo una reunión con José Oliver, ya que consideraba que estaba recibiendo un trato discriminatorio por parte de la Conselleria y quería aclarar los motivos. En este encuentro, presuntamente, el jefe de la Sección de Juego le comunicó que tenía órdenes de su jefe de denegarle las solicitudes sobre máquinas que iba presentando.

Pero sin duda el dato más relevante de la declaración de ayer de Martín Gago es el que cuantifica el perjuicio que le ha ocasionado el denominado «caso juego», y lo hace en 200.000.000 de pesetas. Los daños, según aclaró el empresario catalán, se han calculado con una recaudación media de 4.000 pesetas diarias por cada máquina, lo que supone 1.800.000 pesetas al año. Martín Gago gestiona sociedades en Palma, Madrid, Barcelona y Galicia, y en la isla tiene 60 máquinas.