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El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que da cobertura económica y organizativa a los juicios rápidos en las zonas turísticas de afluencia estival para reducir las demoras acumuladas. Según informó ayer el Portavoz del Gobierno, se trata de un mecanismo de agilización del servicio público de la Justicia que hará posible que el Ministerio de Justicia pueda organizar dispositivos judiciales y fiscales excepcionales para afrontar el incremento de la delincuencia y de los litigios en zonas y momentos de gran afluencia turística.

Para esta medida, con la que se proporciona más seguridad y confianza al ciudadano en la Justicia, el Consejo de Ministros se ha apoyado en dos modificaciones legales ya realizadas y en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una de 1988 y otra de 1992, que regulan el procedimiento abreviado, permitiendo la implantación de los juicios rápidos en zonas de incremento delictivo estacional. Ahora, el Consejo de Ministros viene a complementar con medidas económicas y organizativas ese objetivo de facilitar el enjuiciamiento inmediato al delincuente detenido «in fraganti».

Se trata de una medida para agilizar la Justicia, ya que la experiencia demuestra, según la exposición de motivos del Real Decreto, que en determinadas épocas o en ciertas ciudades se produce un incremento de la delincuencia, con gran alarma por parte de la sociedad, muy sensible a determinado tipo de delitos. El acuerdo que ayer se tramitó modifica un artículo de un Real Decreto de 1989 en el que se fijaban las cuantías de los complementos de destino, es decir, una parte de sus retribuciones, de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. A partir de ahora, en atención a situaciones especiales de sobrecarga de trabajo por razones coyunturales o estacionales, el Ministerio de Justicia podrá autorizar programas concretos de actuación.

Jueces y fiscales podrán percibir hasta un máximo de seiscientos puntos anuales por el cumplimiento de objetivos señalados por el Ministerio, que será el encargado de remunerar y fijar dichos objetivos. Tras la aprobación del Real Decreto los llamados 'juicios rápidos' podrían aplicarse de manera efectiva en Mallorca antes del próximo verano.