Dos años después de que desaparecieran unos documentos claves en el
denominado «caso Juego», los sobres que acreditaban que el
empresario Ismael Martín Gago había presentado las guías para
nuevas licencias de actividad han aparecido.
En junio del año 99 el citado empresario del sector interpuso un
contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de
Balears (TSJB), denunciando que se sentía discriminado con el trato
que recibía en la Conselleria d'Economia i Hisenda, en concreto del
funcionario José Oliver Clar. Cuando interpuso la demanda alegó que
le faltaban documentos «cruciales» y que supuestamente se habían
traspapelado en la Conselleria.
Un año después estalló el denominado «Caso Juego», cuando Martín
Gago contrató los servicios de un investigador privado para
investigar las actividades de Oliver. El funcionario denunció al
empresario, de forma que las demandas se cruzaron. Cuando estos
acontecimientos sucedieron el secretario general técnico de la
conselleria era Pablo Rivero Cortés, el actual coordinador del
Govern balear y uno de los hombres de confianza del president,
Francesc Antich.
El responsable será citado a declarar en calidad de testigo casi
con toda seguridad el próximo mes de octubre, según informaron ayer
en fuentes judiciales, que añadieron que también declararán ocho
funcionarios y mandos del Cuerpo Nacional de Policía. Desde el
Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, su titular Ana San José
ha remitido un oficio a la Jefatura de Policía para conocer si en
el registro del Cuerpo consta si el investigador privado recibió
asistencia sanitaria durante su detención, en mayo de 2000.
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