La denuncia contra estas doce personas se presentó en el mes de
mayo de 1999. El vecino que tiene una propiedad junto a Son Forteza
denunció la muerte de varios gatos. La Guardia Civil inspeccionó la
finca de Alaró y localizó varios cebos con carne envenenada, además
de varios gatos muertos. El denunciante apuntó a los cazadores como
los principales sospechosos. Tanto el fiscal Adrián Salazar, como
la asociación Voltor Negre, que representa la acusación particular
a través del abogado Carles Tarancón, imputan a los doce acusados
un delito de caza ilegal. El Ministerio Público pide 10 meses de
cárcel para cada acusado, además de la prohibición de cazar durante
cuatro años.
La acusación pide 16 meses de arresto. Los abogados defensores
José Zaforteza y Pedro Simonet piden la absolución por falta de
pruebas. Los doce acusados mantuvieron ayer ante la juez del
juzgado de lo Penal número 5 que son inocentes. La acusación
sostiene que estos acusados formaban una sociedad y que acordaron
colocar unos cebos con carne envenenada para eliminar animales
depredadores. Sin embargo, todos los acusados niegan, no sólo que
hubieran colocado estos cebos, sino también que formaran esta
sociedad de cazadores.
Los acusados explicaron que individualmente obtenían un permiso
para cazar, que les concedía el apoderado del propietario de la
finca. Este permiso era gratuito, pero alguno de ellos, a cambio,
realizaba algunos trabajos en la finca. Los cazadores explicaron
que en esta extensión de Alaró apenas hay animales, salvo tordos,
por lo que sólo suele utilizarse durante la época de captura de
estas aves, que se desarrolla desde finales de octubre al mes de
enero. Por ello, todos ellos coincidieron en que en el mes de mayo
no solían acudir a Son Forteza a cazar, y además dicen que
cualquiera podía entrar en la propiedad.
Pese a esta negativa las acusaciones utilizarán las
declaraciones que realizó uno de los acusados ante la Guardia
Civil, en la que reconoció este acuerdo para colocar cebos con
veneno. Sin embargo, estas declaraciones se realizaron sin la
presencia de un abogado, lo que será utilizado por las defensas. El
apoderado de la finca declaró ayer que no tiene pruebas de que los
cazadores hubieran colocado estos cebos. El testigo confirmó que no
solía cobrar por otorgar estos permisos, pero que a cambio los
cazadores tenían la misión de vigilar la finca. El juicio
continuará hoy con la declaración de los agentes del Seprona de la
Guardia Civil.
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