Las 20 mujeres nigerianas que fueron detenidas a principio de
semana en la Platja de Palma y distintos puntos del casco urbano de
la ciudad fueron trasladadas ayer noche a Barcelona y Murcia por
vía marítima. Las mujeres han quedado ingresadas en centros de
internamiento para extranjeros mientras se tramitan sus expedientes
para que sean expulsadas de España y regresen a Nigeria, tal como
contempla el pacto entre ambos países. Los arrestos se llevaron a
cabo dentro de los operativos policiales que se vienen efectuando
desde hace meses para acabar con la prostitución callejera, lo que
ha motivado protestas y movilizaciones de distintos colectivos
vecinales. Las mujeres fueron presentadas ayer ante el magistrado
Antoni Rotger, quien decretó los traslados.
Como ya se informó en la edición del pasado martes este era un
asunto en el que algunos jueces y fiscales se mostraban reacios por
un tema de jurisdición, al no haber en Palma un centro de estas
características. Al respecto, el pasado miércoles el fiscal general
del Estado, Jesús Cardenal, dictó una instrucción en la que pide a
los fiscales que, en los casos en que un extranjero contra el que
se haya adoptado una resolución que acuerde su expulsión se halle
inculpado en un proceso penal por delitos menores, promuevan
«activamente la autorización de su expulsión por los jueces de
Instrucción competentes».
Según explica la instrucción, una vez que el extranjero en
cuestión haya sido oído en declaración como imputado, el fiscal
interesará con carácter general la autorización de su expulsión,
ponderando todas las circunstancias concurrentes y, salvo
circunstancias «particulares y excepcionales que lo
desaconsejen».
En el caso concreto de los internamientos en centros para
extranjeros, Jesús Cardenal hace referencia en su instrucción
señalando que «igualmente, el fiscal deberá informar
favorablemente, al mismo tiempo o con carácter previo al informe
sobre autorización de la expulsión, la adopción de las medidas
cautelares (en particular el internamiento) que se estimen precisas
para poder garantizar la futura eficacia de la resolución que
acuerda la expulsión».
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