La Audiencia de Palma ha ordenado a través de un auto que se
continúe con la investigación del denominado «caso juego», que
quedó paralizado después de que la juez declarara nulo el registro
que se había realizado en el despacho de uno de los implicados.
Este caso surgió tras descubrirse que un funcionario de la
Comunitat Autónoma, encargado de conceder las licencias del juego,
era vigilado.
La persona que le seguía era el detective privado Carlos
Valencia, que había sido contratado por el empresario del juego
Ismael Martín. La juez del Juzgado de Instrucción número 5
determinó que las pruebas obtenidas no tenían validez porque el
registro que se realizó en el despacho de Valencia era nulo al no
existir consentimiento. Sin embargo, el letrado de la Comunidad
Autónoma, que representa al funcionario José Oliver, recurrió esta
decisión de la juez ante la Audiencia. El magistrado Joan Catany ha
aceptado el recurso porque entiende que debe ser el tribunal
sentenciador el que valore, antes de que se inicie el juicio, si
las pruebas que se han obtenido son o no legales.
En este sentido, Catany hace hincapié en que la decisión que
adoptó la juez de instrucción fue «innecesaria y prematura». Ahora,
con este auto, se anula la decisión de la juez y se ordena que se
continúe con la instrucción. Por tanto, con toda seguridad los
implicados serán juzgados por este seguimiento y los abogados
defensores volverán a plantear la nulidad antes de que se inicie el
juicio.
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