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El teniente fiscal de Baleares, Ladislao Roig, ha denunciado la «gravísima situación» que vive la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Mallorca, que él mismo preside, y que está integrada por el jefe del servicio jurídico del Estado, un representante del Colegio de Abogados, otro del Colegio de Procuradores y por la gerente de Justicia. Esta comisión, que se creó en 1996, se encarga de estudiar los casos en los que un ciudadano tiene derecho a ser asistido por un abogado de oficio. Esta oficina contaba con tres funcionarios, que se encargan de redactar los acuerdos y después de notificarlos. Sin embargo, desde principios de año dos de estos funcionarios han cesado y un sólo administrativo se encarga de este trabajo, lo que ha provocado este colapso.

El escrito de denuncia ha sido remitido al fiscal jefe de Balears, Antonio de Vicente Tutor; al presidente del TSJB, Angel Reigosa, y a los decanos de los jueces de Palma, Inca y Manacor. Se pretende que esta denuncia llegue a los responsables del Ministerio de Justicia para que se adopte una solución urgente. El presidente de la Comisión explica que, sólo en Mallorca, durante el pasado año se despacharon 6.324 peticiones penales y 1.302 civiles, lo que se convierten en una media semanal de casi 150 propuestas. Hasta que han cesado los dos funcionarios, la duración aproximada de la tramitación de un expediente de justicia gratuita era de un mes, aunque en estos momentos estos plazos no se cumplen por la falta de personal.