Miguel Puigrós fue detenido por la Guardia Civil, que le consideró
autor de este incendio, realizado el día 24 de mayo de 1997, que
ocasionó daños por valor de más de un millón de pesetas. En la
pared de la Fundació aparecieron ese día unas pintadas de carácter
insultante. Expertos de la Guardia Civil realizaron un estudio
grafológico, comparando la letra del gerente con las pintadas de la
pared.
Se llegó a la conclusión, pese a que los técnicos habían
trabajado en base a unas fotos, que Puigrós era el autor de esas
pintadas en la pared (que se realizaron con un spray y no con un
bolígrafo) y por tanto era el presunto autor del incendio. El
fiscal, basándose en este informe pericial, imputó al acusado un
delito de estafa y pidió dos años de prisión. La sentencia, dictada
por la juez Carmen González Miró, del juzgado de lo Penal número 5
de Palma, exculpa al acusado por falta de prueba. Miguel Puigrós
fue defendido por el abogado Salvador Cánoves.
En primer lugar la sentencia señala que no se le puede imputar
al gerente un delito de estafa, porque no ha existido ánimo de
lucro, ya que la compañía de seguros no le indemnizó a él, sino a
la Fundació, y además el dinero se invirtió en reparar los daños.
También la juez critica que la imputación que mantuvo la Guardia
Civil no se basó en un estudio serio, sino en la experiencia de los
técnicos.
La juez cree que lo normal hubiera sido contrastar una escritura
realizada por el acusado con un spray y compararla con la que
aparecía en la pared, y no con un escrito realizado con un
bolígrafo. La sentencia recuerda también que el gerente sigue
contando con la confianza de los responsables de la Fundació.
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