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JAVIER JIMÉNEZ-PEP MATAS El caso del funcionario interino de Hisenda que denunció que estaba siendo extorsionado por empresarios del sector del juego se complica cada día que pasa. Para la semana que viene está previsto que se presente una denuncia ante Funció Pública contra ese jefe de sección por incompatibilidad de cargo y los denunciantes pedirán que se invalide su gestión y la de su antecesor. En la denuncia que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, interpuesta el viernes por la tarde, se fundamenta que José Oliver, según consta en el Registro Mercantil de Baleares, es apoderado y accionista de una empresa denominada Clar Despatx Laboral S.L., que tiene por objeto «el asesoramiento de empresas y particulares en toda su amplitud». El asesoramiento se refiere a temas laborales, sociales, fiscales, contables y jurídicos, incluyendo el estudio la representación y la gestión.

La empresa Uninova 2000 S.L. se sentía marginada por el trato del jefe de sección de la conselleria de Hisenda y en la investigación que puso en marcha descubrió que Clar Despatx Laboral S.L. había prestado servicios a una empresa del sector del juego denominada Cubasino S.L. de Eivissa. Así las cosas, en la denuncia se asevera que «tal empresa inevitablemente debe presentar documentación ante la Secció de Joc para su normal funcionamiento y que en consecuencia, el Sr. Oliver debe de autorizar boletines, guías, emitir informes, etc... ». El escrito elaborado por los abogados de Uninova 2000 S.L. se añade que, como funcionario, el jefe de sección de Hisenda «está sujeto a un régimen de incompatibilidades, que le impide el ejercicio de actividades profesionales o de asesoramiento, que pudieran poner en peligro el deber de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones».

En otro orden de cosas, fuentes cercanas al caso han informado que en los próximos días podrían ampliarse las denuncias contra funcionarios de Cort y de la Conselleria d'Hisenda por supuestas irregularidades. De hecho, la policía tiene en su poder una cinta en la que, al parecer, uno de estos funcionarios recibe unas 800.000 pesetas por 'tramitar' unas licencias relacionadas con el sector del juego.