La Conferencia Internacional sobre violencia en el hogar prosigue
su andadura en Calvià con la participación de las más prestigiosas
juristas europeas. Las conclusiones se van adelantando aunque el
problema parece ser de difícil solución, ya que el caso de la
violencia doméstica posee una importante particularidad: la víctima
de las agresiones tiene que continuar conviviendo con la persona
agresora, con el consiguiente riesgo para su integridad física y/o
moral.
Manuela Carmena, magistrada y vocal del Consejo General del
Poder Judicial desde 1996, opina: «Aunque el estado de cosas poco a
poco va cambiando, el sistema penal no está pensado para proteger a
la víctima, en general». Y éste es el caso de la mujer y del menor,
víctimas de malos tratos en el hogar, y también, por ejemplo, de
quienes sufren la amenaza terrorista, o de cualquier otro tipo. El
sistema contempla juzgar el delito cuando éste se ha cometido, pero
no lo previene. Para la magistrada Carmena «no se encuentran
preceptos penales. El debate se centra siempre en el proceso penal,
y eso está muy bien, pero se deberían de tomar medidas anteriores a
los hechos en los tribunales de familia que regulan separaciones,
custodias, etc».
El tema clave de la sesión de ayer, en el que desembocaron las
ponencias de todas las participantes en el Congreso, fue el de la
urgente necesidad de articular un conjunto de medidas de
protección. «Los derechos de la víctima, mientras dura el proceso,
han de prevalecer sobre los derechos de la defensa del
agresor».
El alejamiento del domicilio conyugal, con la prohibición de
acercamiento de quien ejerce la violencia o amenaza con hacerlo; la
protección policial a la víctima; o la creación de centros de
acogida para la mujer y sus hijos, son algunas de las medidas
legales que se están arbitrando.
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