La consellera de la Funciò Pública, Pilar Ferrer, convocó ayer por
la tarde una rueda de prensa para desmentir las acusaciones
formuladas por la mañana por la sección sindical de Comisiones
Obreras en la CAIB. El sindicato dibujó un panorama preocupante en
los métodos empleados por los máximos responsables del Govern en la
contratación del personal, afirmando que de los 2.000 trabajadores
adscritos en algún departamento de la Administración pública, «700
son interinos de forma fraudulenta», según explicó, también en
rueda de prensa, el dirigente sindical de CCOO, Francisco Lillo,
que estuvo acompañado por Fernando González, Asumpta Massanet y
Katiana Vicens.
Los denunciantes citaron nombres concretos y vínculos familiares
«manifiestos» para solicitar la dimisión de Ferrer, a la que además
acusaron de «prevaricar de forma continua» al permitir que se
realicen esas contrataciones. «La hija y el yerno de la consellera
accedieron a la Administración sin que hubiese existido una oferta
pública de sus plazas», explicó CCOO.
CCOO señala que el yerno de la consellera optó a una plaza de
subinspector de Hacienda y que fue contratado tras una entrevista
personal. «Los vínculos familiares siguen primando más que los
profesionales en el ámbito de nuestra Administración Autonómica»,
señala CCOO. Insistieron, asimismo, en calificar de «perversos» los
concursos para contratar al personal, «ya que en las bases se busca
un perfil determinado para facilitar el acceso de determinadas
personas». Citaron el caso de Carmen Sagrado, regidora de Cort, que
ocupa una plaza en la Conselleria de Hisenda «y nadie la ha visto
por allí», o de Jesús Martínez de Dios, que se ganó la plaza de
jefe de relaciones con los sindicatos «y no lo hemos visto nunca»,
explicó Lillo.
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