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El tercer piso del edificio de La Pineda de Can Picafort, donde vivía Francisco Miguel, el niño de cuatro años que resultó muerto tras la brutal agresión de un perro durante la tarde del viernes, recibió durante toda la jornada de ayer la visita de decenas de amigos y familiares de los padres de la víctima, procedentes muchos de ellos de Morón de la Frontera (Cádiz), localidad de donde es Miguel, el padre del pequeño.

El sentimiento de rabia e indignación entre los vecinos era patente en los alrededores de La Pineda y en todo Can Picafort.
El pánico a los perros de Alfredo C., propietario del can que segó la vida al pequeño Francisco Miguel, se incrementó desde que el pasado septiembre el mismo perro entró en el patio del colegio de Can Picafort e hirió en el brazo a uno de los alumnos.

«Aquel día Alfredo tendría que haber matado al perro. Hubiese sido lo más normal». «Es una temeridad dejar este tipo de perros sueltos, sin vigilancia». Éstos eran los comentarios que se escuchaban en los alrededores de La Pineda, a donde iban llegando de forma continua más y más visitas. Entre ellas, la del delegado del Ajuntament de Santa Margalida en Can Picafort, Miquel Ordinas, quien manifestó que el Consistorio se haría cargo de los gastos que puedan suponer los funerales del pequeño, cuyo cadáver será enterrado mañana lunes.

La orden de sacrificar al perro tiene que ser judicial
El antecedente del ataque del dogo argentino a dos niños en un colegio de Can Picafort, hizo que desde la tarde del viernes se criticara el que el animal no hubiera sido sacrificado a raíz de aquellos hechos. Fuentes de la Conselleria de Sanitat manifestaron ayer a este periódico que la orden de sacrificar a un animal tiene que ser de la autoridad judicial. «Los veterinarios de la Consellería -añade el portavoz- examinan al animal después de que se haya producido un ataque, y sólo pueden decidir sobre su sacrificio en el caso de que tenga contraída una enfermedad».