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Dijo Pedro Sánchez el pasado 8 de diciembre: «En 1975 la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros, hoy es de 31.000 euros, más del doble». Y se quedó tan ancho tomándonos a todos por ignorantes. Le da igual decir una tontería o inventarse algo. Pretende convencer, aunque su palabra se sostenga solo en el humo de un fuego fatuo.

La renta real de la que dispusieron los españoles en 1975 según el Banco Mundial fue de 3.209,84 dólares (el euro no existía). Lo que hizo el presidente del Gobierno fue ajustar a la inflación de 50 años esos 3.200 dólares pero no lo dijo. Si tuviéramos que ajustar con el IPC estos 15.000 euros supuestamente de 1975, serían hoy 163.500. O sea que los 35.000 euros actuales supondrían una pérdida real de poder adquisitivo del 81 %. No cabe mayor disparate.

Lo que tampoco dijo es que el verdadero salto en nuestro nivel de renta se produjo a partir de la entrada en la UE de la que este año se cumplen 40 años. En 1985 la renta per cápita era de 4.700 dólares, pero en 2008 (cuando empezó la crisis económica) era de 35.510 dólares y estábamos por encima de la media europea. En 23 años España había pasado de tener el 68 % de la renta media europea al 101 %. Pues bien, en 2023 teníamos la misma renta per cápita que en 2008 (34.500 euros) y volvemos a estar por debajo de la renta media europea, 38.100 euros.
Como el PIB no ha disminuido, la riqueza creada no repercute en el bolsillo del español.
Sánchez ha creado un mundo virtual en el que se mezclan los silencios, las medio verdades, las metaverdades y las postverdades. Nada le detiene cuando está en juego la continuidad de su gobierno o la honorabilidad de su familia o del fiscal general ya sea por la actuación de los jueces o de sus socios.

Decía el periodista Carles Francino en un artículo el pasado 14 de enero: «Parece que lo de tratarnos a los ciudadanos como imbéciles se ha convertido en el deporte preferido de esta política ultramoderna de argumentarios». ¿A quien se refería?

La proposición de ley del partido del gobierno modificando el ejercicio de la acusación particular nos toma por imbéciles. Sánchez calla, pero la ley propuesta para restringir la acusación particular es un constante ataque al Estado de derecho. Se pretende sustituir el criterio del juez al instruir una denuncia y se presupone que la libertad de prensa se utiliza habitualmente para mentir o difamar.
Da igual que las cifras de la renta sean inexplicables y que las leyes se presenten para proteger a personas muy determinadas. Quien manda, manda.