Las promesas en materia de vivienda hace tiempo que se acumulan mientras una entera generación no puede desarrollar su proyecto de vida.
El paquete de doce medidas presentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece un intento serio de mejorar el problema de la vivienda, pero me temo que tendrá un escaso impacto en Balears, por diferentes motivos. Se pretende incorporar a una nueva empresa pública 13.000 viviendas de la Sareb, pero apenas quedan ya en Balears y están en muy malas condiciones. Será interesante ver si se incluyen suelos disponibles en nuestra comunidad. La exención del 100 % del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia puede ser una buena opción. Hay que hacer cuentas y comprobar el precio del índice de alquiler en cada inmueble, pero en muchos pueblos no ofrece el dato. Se añade a esto la desincetivación del alquiler turístico vacacional añadiendo la obligación de tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) –no se ha aclarado si al 10 %, como el resto de servicios turísticos, o al 21 %–. Sin embargo, mientras no haya una mayor seguridad jurídica, el recorrido no será el esperado. En este sentido, otra medida anunciada consiste en crear un sistema de garantías públicas para movilizar viviendas vacías que permita asegurar al propietario el cobro de la renta y al inquilino una mayor oferta a precio asequible. Recuerda al Lloguer Segur balear –habrá que esperar a la concreción– sin subvencionar parte del pago. Sin embargo, solo se aplicará a pisos que se alquilen a menores de 35 años. En cuanto a establecer un programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler a precio asequible, ya se ha probado en Balears con un impacto casi nulo. Igualmente, se pretende limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, lo cual tendrá también un efecto ínfimo, puesto que la gran mayoría de extranjeros que compran viviendas en Balears son ciudadanos europeos.
Los problemas de vivienda se concentran en las grandes ciudades y en las zonas costeras, y los datos nos indican que Balears es la comunidad con una peor situación. Donde sobran casas en España, falta trabajo, y al contrario. Las competencias están transferidas y si hay iniciativas estatales, deberían tener en cuenta estas evidencias. Es inquietante escuchar mensajes como «propietarios ricos e inquilinos pobres» o «más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas» porque lo que se ha hecho hasta ahora, incluida una mayor intervención del mercado, se ha demostrado insuficiente, inútil o incluso contraproducente. Finalmente, habría que recordar el significado de ‘priorizar’, porque que no haya suficiente vivienda pública es responsabilidad de la Administración pública.
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