Antoni VerdPalma10/01/25 4:00
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Amenudo los representantes políticos en corporaciones o parlamentos democráticos adoptan resoluciones contrarias al programa electoral con el que se presentaron a las elecciones y fueron elegidos. Por el contrario, se ha dicho que aquellos suscribían un tácito contrato con los electores que les vinculaba por el sufragio recibido. Pero no. No es así. El único poder político que le queda al ciudadano de una democracia es votar cada cuatro años para elegir representante, sin tener siquiera la certeza de que este defienda lo que le prometió defender; por cuya razón votó en determinado sentido. La ‘democracia’ ha devenido en una palabra con un contenido prácticamente insignificante para quienes, sin embargo, teóricamente se les atribuye el poder como pueblo o ‘demos’.

En las cortes medievales el rey convocaba los estamentos: la nobleza, el alto clero y las ciudades, acudiendo éstas a través de representantes, a quienes otorgaban un apoderamiento concreto «para consentir y aprobar lo que en dichas Cortes se ordenare». En definitiva, un mandato imperativo que no podían sobrepasar.

La Asamblea Nacional francesa al aprobar la primera constitución francesa en 1791 discutió sobre si los diputados una vez elegidos se convertían en representantes de la nación, dejando de serlo de los electores; concluyéndose que sí y que por eso no quedaban vinculados a ningún mandato imperativo. Lo que fue asumiéndose por el parlamentarismo occidental. Prohibición que incluye la disciplina de voto que sin embargo exigen los partidos a través de los grupos parlamentarios o municipales.

Nuestra constitución consagra esta prohibición en el art. 67.2 Pero podemos recordar que quienes han osado hacer uso de su derecho y han votado en conciencia, no han sido respetados en su derecho. Han caído en desgracia. Como se han movido no han salido más en la foto. Ocurre que la norma que impone la prohibición del mandato imperativo es una norma sin sanción. Es decir, que se puede infringir, como es obvio que se hace, pero no se puede acudir a la justicia para reclamar la violación del derecho. Está visto que la democracia representativa tiene muchas goteras por donde se van perdiendo los derechos políticos de los representados.