Germà VentayolPalma07/01/25 4:00
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La pasada semana, este periódico publicó un breve reportaje en el que varios expertos del sector inmobiliario de las Islas aportaban su opinión sobre cómo resolver uno de los problemas prioritarios del país: la vivienda. O mejor, su disparatado precio. Me llamó la atención que ninguno de los consultados, insisto que representantes de diferentes ámbitos vinculados con la edificación y comercialización de casas, coincidió con las tesis que defiende la clase política desde las instituciones, con independencia incluso de su color político. Hay, por tanto, unanimidad en que con las propuestas que se plantean desde el poder político nada se resolverá. Gobiernos y ayuntamientos trasladan a promotores, constructores y propietarios la responsabilidad del alza de los precios de compraventa y alquiler, como si la Administración nada pudiese hacer frente a una actividad que, y ahí radica el quid de la cuestión, le genera pingües beneficios fiscales. Estamos hablando de hasta un 30 por ciento del precio final. Poca broma.

El pasado mes de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan de vivienda de alquiler asequible por un importe de 6.000 millones de euros, 43.000 viviendas en total. En campaña, Sánchez prometió 184.000 pisos con importantes rebajas. Nada. No funciona. El inversor y el propietario no se fían. La demanda, al menos en Balears, está recalentada desde el extranjero, con un alto poder adquisitivo, y el mercado interno sigue desatendido ante la pasividad generalizada de los diferentes actores con capacidad real de modificar la situación. Ni el Gobierno, ni las autonomías y tampoco los ayuntamientos han anunciado el más mínimo gesto de rebajar al fiscalidad vinculada a la adquisición de la vivienda, como si esa recaudación no influyese en al coste final. Esta actitud se mantendrá mientras continúe el silencio en las calles, el anuncio del poll tax provocó un estallido social en Gran Bretaña que hizo caer a Margaret Thatcher.

Repito que la propia Administración es uno de los principales agentes especuladores. En Palma hay conocidos ejemplos sin que ningún grupo político o asociación haya levantado la voz. El alcalde, Jaime Martínez, podría evaluar cuántos solares y edificios podría destinar a vivienda social. La antigua cárcel podría ser el primer paso. La consideración se tiene que hacer extensiva al resto de alcaldes de Balears. Todos prefieren mirar hacia otro lado. Hasta que las calles se incendien.

El parcheo con el que se quiere contener el problema está condenado al fracaso a medio y largo plazo, la desconfianza se ha incrustado entre aquellos que tienen capacidad de ofrecer vivienda, en régimen de propiedad o de alquiler. Es cuestión de tiempo que los ciudadanos, en especial los más jóvenes, digan basta.

Mala persona

Que una vicepresidenta del Gobierno como Yolanda Díaz llame al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, «mala persona» por discrepar sobre la aplicación de la reducción en la jornada laboral pone en evidencia el grado de descomposición del equipo que dirige Pedro Sánchez. Su único vínculo de unión es el poder por el poder. Nada más.