La hipocresía política y la vivienda
La pasada semana, este periódico publicó un breve reportaje en el que varios expertos del sector inmobiliario de las Islas aportaban su opinión sobre cómo resolver uno de los problemas prioritarios del país: la vivienda. O mejor, su disparatado precio. Me llamó la atención que ninguno de los consultados, insisto que representantes de diferentes ámbitos vinculados con la edificación y comercialización de casas, coincidió con las tesis que defiende la clase política desde las instituciones, con independencia incluso de su color político. Hay, por tanto, unanimidad en que con las propuestas que se plantean desde el poder político nada se resolverá. Gobiernos y ayuntamientos trasladan a promotores, constructores y propietarios la responsabilidad del alza de los precios de compraventa y alquiler, como si la Administración nada pudiese hacer frente a una actividad que, y ahí radica el quid de la cuestión, le genera pingües beneficios fiscales. Estamos hablando de hasta un 30 por ciento del precio final. Poca broma.
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