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La lucha por acceder a una vivienda digna y asequible en las Illes Balears ocupa diariamente los titulares de prensa, artículos de opinión, televisión, radio e internet. Las manifestaciones y protestas, todas ellas justificadas y necesarias, reflejan un grito de auxilio que está generando respuestas tanto en el sector privado como en el público, y en la colaboración entre ambos.

El diagnóstico del problema es claro. Hemos descuidado la creación de un parque inmobiliario adaptado al crecimiento y características de la población residente en Baleares, la cual ha crecido un 50 % desde el comienzo del milenio. En los años 80, se creaban 3,58 nuevas viviendas por cada nuevo habitante, mientras que en los últimos veinte años solo hemos creado 0,34. Esto es la crónica de una muerte anunciada, ignorada a tiempo.

En términos absolutos, en 1986 se crearon 43.417 nuevas viviendas en Baleares, una cantidad considerable. Sin embargo, en 2023 solo se produjeron 3.200 nuevas viviendas, menos del 50 % de lo necesario según los expertos, y llevamos quince años estancados en esa cifra. En la producción de viviendas plurifamiliares, pasamos de 13.100 nuevos pisos en 2007 a solo 1.751 en 2023. ¿Es de extrañar que nos encontremos en esta situación?

La situación de la vivienda social es aún más alarmante. Ninguna Administración en los últimos veinte años puede jactarse de sus logros en este aspecto. El año pasado, solo se visaron 47 VPO, un 50 % menos que el año anterior. Esta cifra es insultante considerando la emergencia social que supone el acceso a la vivienda en Baleares. Necesitamos miles de viviendas sociales para aliviar la carga y claramente no podemos seguir siendo uno de los rezagados de Europa en este aspecto vital. Mientras debatíamos teorías e ideologías, una generación entera ha sido excluida del acceso a una vivienda propia.

Como sociedad, deberíamos sentir vergüenza por cómo tratamos a nuestros jóvenes. La ley 3/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda marcará un antes y un después en la gestión de esta crisis. En primer lugar, introduce la figura de la Vivienda Precio Limitado (VPL), destinada exclusivamente a residentes en las Islas Baleares y reservada para su primera vivienda. Nuestro objetivo debería ser crear el máximo número de viviendas de esta tipología, aunque signifique no construir ninguna vivienda de lujo durante los próximos cinco años.

Además, se ha aprobado de manera incuestionable una reivindicación histórica: los agentes inmobiliarios de las Islas Baleares ahora cuentan con un marco jurídico para ejercer su actividad. Con un enfoque claro en los derechos de los ciudadanos, la transparencia, profesionalización y seguridad jurídica, los agentes podrán actuar de forma cohesionada. Serán fundamentales para implementar las soluciones habitacionales mientras se combate el intrusismo, que alimenta la especulación cortoplacista y carece de valor añadido social. La ley no convertirá a todos en santos, pero establecerá barreras y un punto de no retorno para quienes actúan ilegalmente y contra el interés común.

Queda mucho por hacer y esta tarea no tendrá fin. La colaboración público-privada es esencial para corregir el peligroso rumbo actual, actuando como catalizador para medidas pragmáticas y basadas en hechos objetivos. Aunque algunas soluciones puedan generar controversia, no debemos perder de vista el objetivo común: que la vivienda deje de ser el problema número uno de los Baleares. Para ello, necesitaremos construir más viviendas, pero seremos más eficientes, inteligentes y razonables que nunca.