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Llevamos prácticamente dos semanas con una crisis monumental en Formentera. Todo empezó cuando el presidente de la institución, el independiente Llorenç Córdoba, enviaba un mensaje a los medios para anunciar que dejaría de apoyar incondicionalmente al gobierno de Prohens. Córdoba fue elegido como diputado por Sa Unió, una coalición formada por PP y Compromís. Veterinario de profesión, Córdoba consiguió mayoría absoluta en las pasadas elecciones en Formentera. Con la excusa de defender los derechos de los ciudadanos de la pitiusa menor, y ante la opresión que siempre ejerce Mallorca sobre las islas menores, según esgrimía, lo que en realidad negociaba Córdoba era un sobresueldo entre 3.000 y 4.000 euros porque explicaba que tenía que coger cuatro taxis cada vez que venía al Parlament y que apenas le abonaban el hotel, si bien cobra la dieta más alta de la Cámara. Córdoba puede llegar a cobrar 210 euros cada día que se desplaza a Palma, taxis aparte. Mientras los ciudadanos que le votaron creían que negociaba modificar los deslindes de la costa de Formentera o buscar una solución a la falta de vivienda en la isla, lo que en realidad hacía Córdoba era presionar a Prohens. Pedir un sobresueldo y anunciar al mismo tiempo que no apoyará incondicionalmente al Govern se parece bastante más a una extorsión que a una petición. Córdoba lo tenía claro: o le solventaban su situación económica o dejaría de apoyar al Govern. Hay que concretar que Córdoba percibe 54.000 euros como presidente del Consell y casi 30.000 como diputado, además de las dietas. En total, 80.000 euros por año, unos 6.700 brutos al mes. Hay que sumar la dieta de unos 800 euros mensuales que percibe como miembro de la Autoritat Portuària. Pese a ello, Córdoba no llega a final de mes. Pretendía cobrar más incluso que el director de la Oficina Anticorrupción, pero Prohens se negó. Y en ese momento estalló la crisis en Formentera. Porque el voto de Córdoba ni siquiera es decisivo en el Parlament, una situación que quizás el presidente insular ni siquiera lo tuvo en cuenta a la hora de plantear su órdago a Prohens. Cuesta entender que un político pueda decir públicamente que le cuesta llegar a fin de mes con 80.000 euros al año, pero lo lamentable es que todavía haya algunos que quieran forrarse en política. También es difícil de aceptar que alguien acepte exhibir su situación económica en público, que por unos miles de euros condicione su voto, y sobre todo que ponga en riesgo la estabilidad de todo un gobierno para resolver su situación personal. Por muchas dificultades que pueda tener, el Consell de Formentera no debe depender de alguien que dedica más tiempo a pedir dinero para él que a exigir soluciones para la isla que gobierna.