Con malos presagios arrancó la XV Legislatura. El acto inaugural fue una dosis de recuerdo sobre el hecho de que la gobernabilidad de España pasa a depender de quienes no quieren ser españoles. La simbología del acto se quedó en el lado oscuro, pues las apelaciones del Rey a la unidad y el respeto a la Constitución se extraviaron en las dos reseñas negativas de la jornada: Una, la malversación de un mandato (neutralidad institucional) por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y dos, la ausencia de los amigos subversivos de Sánchez.
Hablo de ‘malversación’ del papel asignado a la presidenta, pero también hay prevaricación moral. Era consciente del pecado que cometía al colocar en su discurso institucional la pedrada favorita de los dirigentes de su partido: la oposición cuestiona la legitimidad del Gobierno. Y si no incurrió a sabiendas en esa falta de neutralidad, solo queda hablar de insolvencia. Un efecto colateral es que la derecha no aplaudió a la presidenta y el bando izquierdo acusó al adversario de descortesía parlamentaria. ¿Cómo entender esa falta de respeto a la institución cuando los acusadores mantienen fuera de la Cámara furtivas negociaciones? Me pareció inaudito que Armengol hablase del Congreso como marco ideal para el debate y a solución de conflictos cuando la gobernabilidad de España se decide fuera de España.
De momento, Sánchez trata de enfriar la parte más ruidosa de la grada con la prolongación de los PGE, la subida de las pensiones, del sueldo de los funcionarios, el aumento del SMI, etc. Y puede conseguirlo. Pero el dinosaurio de Monterroso sigue ahí: un Gobierno que nace tutelado por enemigos del Rey y la Constitución. De ellos depende la estabilidad del país y la supervivencia de Sánchez.
3 comentarios
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El artículo muy bueno, precisamente por haber sido escrito por un periodista nada sospechoso de afinidades con la derecha. Por eso tiene más mérito.
Mejor así que no que la gobernabilidad dependa de PP y Vox.
N'Armengol va fer un gran discurs, va defensar la legalitat d'un govern elegit democràticament i va defensar les institucions com a mecanismes útils pels ciutadans. El problema és que les lleis més útils pels ciutadans les han fet les esquerres i la dreta no pot presumir d'haver ajudat a l'avanç social. Dir que el govern elegit democràticament és legítim és defensar la democràcia, a algú li passa pel cap dir que el govern de na Prohens és ilegal? Que ha pegat un cop d'estat? Per sort l'esquerra no és tan populista i incendiària com la dreta (que se manifesta amb banderes franquistes i canta el cara al sol...)