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Tomo prestado el título de un hallazgo expresivo de Alsina. Me protege de los enredos verbales utilizados por la apisonadora política y mediática de la Moncloa formada a mayor gloria de un dios menor. Uno de sus persistentes lugares comunes del argumentario es la sistemática desautorización del PP como fuerza instalada en el obstruccionismo al Gobierno ‘legítimo’ porque no acepta el resultado de las elecciones. «No es que el PP ponga palos en la rueda, es que pone troncos, como el de su negativa a renovar el CGPJ», explicaba la nueva portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Así, el ministro Bolaños y la ministra socialista de Educación y Deportes han respaldado a los socios de Sumar que han puesto una querella contra los 10 vocales del CGPJ propuestos por el PP, por supuesta «prevaricación administrativa». Aquí, la chatarra argumental funciona haciéndonos creer que la querella del grupo parlamentario de Sumar parte de su autonomía como fuerza política. A nadie se le oculta que el Gobierno la comparte, pues también entiende que los vocales conservadores del CGPJ han prevaricado por manifestarse contra la ley de amnistía que de momento solo es una «proposición de ley orgánica». Pero el verdadero fondo de la cuestión es que la querella de Sumar ha de verse en el Tribunal Supremo. El conflicto de poderes está servido. Un paso más en los enfrentamientos institucionales generados desde que la aritmética parlamentaria obligó a Pedro Sánchez a entenderse con los enemigos del vigente orden institucional. No hace falta recordar que la Fiscalía no es estrictamente Poder Judicial y que en el ecosistema político-mediático el fiscal general está visto como una terminal política del Gobierno. «Pues eso», que diría Sánchez.