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El Gobierno, de acuerdo con las exigencias del proscrito Puigdemont, está pergeñando una ley de amnistía que supervisa el TC, transformado en una extensión del PSOE, a las órdenes de un peón sumiso al autócrata. Está dispuesto a despreciar el Derecho, humillar al Estado y desautorizar a la Justicia, o sea, a crear una nueva legalidad al dictado de sus intereses, un proyecto iliberal y demoledor de la democracia y de España. No dudarán en enfangar sus togas en el lodo de la ignominia tanto como sea necesario con tal de superar los obstáculos previstos en la Constitución. De llevarse a cabo, constituirá un acontecimiento cuyos efectos modificarán el sentido histórico y político de España.

Que la amnistía es inconstitucional lo aprenden los estudiantes de Derecho en el primer curso. Si la Constitución veta los indultos generales, se infiere lo de que quien no puede lo menos no puede lo más. Tanto es así que, hasta ahora, en el PSOE se ha mantenido este criterio de forma unánime, lo que evidencia la implacable videoteca. Sánchez, en 2022, se comprometió a no aceptar la amnistía porque una figura jurídica semejante no tendría cabida en la Constitución. También prometió traer al golpista para sentarlo en el banquillo y, sin embargo, ahora le extiende la alfombra roja. Hoy, todos aquellos que con tanta firmeza afirmaban su inconstitucionalidad, todos, al unísono, quiebran su palabra sin el menor pudor porque necesitan de los votos de Puchi para mantenerse en el poder.

Vienen alzándose voces advirtiendo de la gravedad de la situación que amenaza nuestro proyecto de convivencia debido a un proceso solapado de deconstrucción del sistema del 78, y los ciudadanos no podemos permanecer pasivos cuando está en juego nuestro destino. No podemos seguir quejándonos sin pensar qué podemos hacer.

Para evitar la hecatombe, Feijóo podría ceder la gobernabilidad a Sánchez con un acuerdo de legislatura; los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos que tengan mayoría para hacerlo podrían firmar un manifiesto que ponga en evidencia la gravedad del momento; miles de personas de los diferentes partidos constitucionales se podrían declarar en huelga de hambre en todas las autonomías.

Todo menos quedarse en casa.