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Tras dos legislaturas fallidas en materia educativa, parece que el nuevo equipo que encabeza Antoni Vera se ha puesto el mono de trabajo y está consiguiendo, en solo mes y medio, desatascar un departamento anquilosado, que vivía de las promesas efectuadas al sector en 2015, la mayor parte de las cuales quedó en agua de borrajas. Martí March llegó al cargo como la gran esperanza de los profesionales de la enseñanza para superar las divisiones, aplicar un Pacte Educatiu del que no ha vuelto a hablar y convertir el CEIB, en sus propias palabras, en «el parlament educatiu de les Illes Balears». El balance, en cambio, no puede ser más discreto. El Consell Escolar ha devenido un órgano desproporcionado, inoperante e ignorado. La ansiada Llei Educativa, un calco irrelevante de la LOMLOE para exclusivo lustre de su promotor intelectual, sin aportar ninguna innovación.

Vera, en cambio, a pocas semanas de su aterrizaje en un departamento en el que el anterior Govern había dejado colocados a decenas de enchufados sin más justificación que su cuerda política, ha tenido que lidiar con el bloqueo que sus antecesores le legaron para intentar complicarle el inicio de curso, logrando que el 2023-2024 vaya a comenzar sin sobresaltos para las familias, profesorado y centros.

Con cintura y diálogo se ha puesto coto a un sistema de evaluación que todos los docentes consideraban absurdo e ininteligible; se han logrado minimizar los recortes que el Govern de Armengol pretendía llevar a cabo en la dotación de atención a la diversidad de la escuela pública y la concertada; se ha soslayado el anunciado cierre de unidades derivado de la baja natalidad, que el anterior equipo proyectaba ejecutar y, finalmente, se ha ampliado a toda la etapa 0-3 la gratuidad de la Educación Infantil, que en próximos cursos pasará a ser concertada en los centros privados. También trata de racionalizar un disparatado plan de inversiones que fue diseñado con fines partidistas, sin el más mínimo análisis del mapa escolar.

Por eso, llama la atención que la que estaba llamada a ser consellera de un eventual Pacte 3.0, Amanda Fernández, salte a la palestra y, en una tribuna de la competencia, se dedique a sí misma un relato de autobombo mechado de mentiras y medias verdades sobre la educación 0-3. Reclamar un «projecte seriós i responsable» a quienes hace escasas semanas ocupan sus responsabilidades públicas, mientras la Dirección General que comandaba Fernández ha sido autora de algunas de las pifias más sonadas de la Conselleria d’Educació, paradigma del sectarismo y falta de transparencia, supone un ejercicio de cinismo sin parangón. Una de sus principales promesas –un decreto sobre la llamada escuela inclusiva– cosechó tantas enmiendas que el volumen de éstas multiplicó por cinco el texto de la norma, finalmente desechado.

Fernández quiso convertir la red privada de Educación Infantil en subsidiaria de una red pública inexistente, porque la que definía como tal es la creada por ayuntamientos y gestionada por empresas privadas, un modelo con graves problemas financieros, inasumible para muchos municipios y destinado al fracaso.

Bien al contrario, Vera y su mano derecha, Ismael Alonso, están logrando que esto comience a funcionar. Obras son amores.