A partir de esta noche, cuando cierren las urnas, todo será distinto. En primer lugar para quienes aspiran a formar parte del Congreso y del Senado, tanto si consiguen el ansiado escaño como si no. Vino y rosas para los primeros y decepción para quienes no alcancen el objetivo. Para el resto, el común de los ciudadanos, sin duda deberá pasar todavía algún tiempo para percatarse de las transformaciones que puedan derivarse del escrutinio. Una opción es más de lo mismo, y cinco años dan para conocer cómo se desenvuelve el actual presidente ya en funciones con sus aliados, aunque así y todo deberá haber cambios, porque algunos de sus apoyos parlamentarios han reiterado que encarecerán notablemente sus votos favorables para gobernar. La otra, lo que pueda deparar el candidato aspirante a sucederle en La Moncloa, con un gobierno en solitario o, en caso de necesidad, con los socios que pueda atraer a sus planteamientos.
En cualquier caso, el final de tan prolongada campaña tendrá un efecto balsámico sobre los gobiernos municipales y locales surgidos de la convocatoria del pasado mes de mayo y sobre el ambiente político en general. Con un ligero retraso podrán comenzar a contar los cien días de gracia que la cortesía política obliga a conceder al que se estrena en el cargo y que forma parte de la tradición desde que el presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt (1882-1945), pidió ese plazo a modo de llamada al consenso ante la emergencia nacional provocada por la Gran Depresión de 1929. Un margen que desde la toma de posesión de los gobiernos de las instituciones baleares no se ha respetado, sin duda a causa del celo electoral de los partidos perdedores de las últimas elecciones. Después de un cambio como el habido en Baleares, por lo sucedido con todos los gobiernos que han sido, parece inevitable la tentación de apelar a la herencia recibida por parte de los nuevos ejecutivos, como impedimento para la aplicación de sus políticas. Sería un error. Los cien días, ese período en el que hay que sentar las bases para desarrollar las propuestas comprometidas, pasan con extraordinaria rapidez. Algunos politólogos señalan que los proyectos que no se inician en ese período corren el riesgo de sucumbir ante las inercias de las administraciones, por principio reacias a las mutaciones.
En ese epígrafe no puede situarse la denuncia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, acerca de la inexistencia de soporte documental alguno de unas supuestas inversiones del Estado, 850 millones, en proyectos como el tranvía, el desarrollo urbanístico de Son Busquets, la reforma de la Platja de Palma, la ciudad de la Justicia en Son Pardo o la gratuidad del autobús, para la que no se ha recibido un euro. Las campañas excitan las prisas para grandes anuncios que el tiempo pone de manifiesto que eran sólo humo. Ante tal tesitura, a reclamar al gobierno que vayan a decidir los diputados elegidos hoy y regodearse lo justo con el fracaso de los anteriores rectores. Con el voto, los ciudadanos expresaron con claridad su valoración de la herencia que han dejado. La presidenta Marga Prohens ha marcado el camino: la supresión de figuras fiscales gravosas antes de que haya terminado julio.
1 comentario
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No me gusta nada el Sr. Martorell por su sectarismo. Pero el artículo de hoy está bien. Hasta muchos votantes de izquierda estamos de acuerdo con la supresión del impuesto de sucesiones. Y obviamente hay que respetar al ganador. Otra cosa es que el ganador se ponga a favor de entidades abstractas como el Mercado y los fondos de inversión, en movimientos diafanamente claros CONTRA la calidad de vida del ciudadano, y contra la sostenibilidad de nuestros sistemas naturales. Ahí le aseguro que els mallorquins sortirem al carrer, com a poc.