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Pocas veces se han visto en el Congreso de los Diputados unas imágenes tan dramáticas como las protagonizadas la pasada semana por los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y muchas menos se habían escuchado palabras tan duras como las pronunciadas por los representantes de este colectivo, olvidado por el Gobierno y los partidos que lo integran, quienes han optado por meter en un cajón la ley ELA, aprobada el 8 de marzo de 2022 y de la que no se ha vuelto a saber nada. Desde esa fecha han muerto 1.022 personas y a nadie parece importarle.

¿Es qué 3.000 afectados, de los que 100 residen en Balears, no le preocupan a este Ejecutivo? ¿Dónde están las formaciones políticas? ¿Y la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet? Todos callados y sin mover un dedo, abandonando así a unos ciudadanos que sin esa norma están condenados a morir.

Y todo por 370 millones, una cantidad insignificante si se la compara con el derroche que existe en ministerios y asesores inútiles, pero que en este caso supone la diferencia entre la vida y la muerte.