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Con el cierre mañana del paréntesis festivo pascual, la campaña electoral vendrá a demostrar de nuevo que sirve para que los partidos que gobiernan se comprometan a realizar todo aquello que no han hecho durante su mandato, ocho años en el caso de Francina Armengol y sus aliados de ultraizquierda y nacionalistas, sin parar mientes en repetir idénticas propuestas que en convocatorias anteriores; el tranvía y el parque de viviendas sociales en el antiguo acuartelamiento de Son Busquets son quizá los que más tiempo acumulan en el candelero electoral seguidos muy de cerca por Son Dureta y, en otro ámbito, el edificio que fuera la sede de Gesa, en la fachada marítima de Palma.

Sin duda, el incumplimiento más doloroso para miles de ciudadanos es el referido a la vivienda, necesidad sobre la que pivotarán el grueso de los debates, si la descalificación entre oponentes, la frase ocurrente y el ruido estéril, no los impide cegando la confrontación de ideas y proyectos. La realidad no está para ocurrencias cuando enseñantes con plaza en Eivissa, ante la imposibilidad de encontrar un techo a un precio que puedan pagar, deben dormir en el coche o apuntarse a un gimnasio para poder ducharse. Las representaciones sindicales de docentes, miembros de los cuerpos de seguridad, médicos, funcionarios de la administración del Estado (no figuraban en la relación de convocantes ni UGT ni CCOO, y no sorprende) se manifiestan ante el Consolat de Mar con el problema del acceso a la vivienda y la adecuación de los pluses de residencia en su agenda de reivindicaciones.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares ha responsabilizado a la Administración de las carencias actuales por no haber sido capaz de evitar la situación a pesar de los avisos reiterados a lo largo de años. A la vista está que nadie debía leerse los sesudos estudios encargados sobre las consecuencias del aumento de la población en Baleares. En lugar de actuar sobre las transformaciones que adquirían forma con inusitada rapidez, las políticas de los últimos años abocan a un estado de cosas caracterizado por la carencia de suelo disponible y, por ende, el suelo urbano más caro de España; los promotores lamentan que se ha eliminado todo el suelo urbanizable con posibilidad de construir vivienda asequible y la tramitación administrativa –dos años en el mejor de los casos para conseguir una licencia de obras– continua siendo una losa. Si añadimos el encarecimiento de las hipotecas y el cierre del grifo bancario al crédito al consumo se perfila el escenario en el que por vez primera dos personas con trabajo estable y un salario medio no reúnen las condiciones para acceder a una hipoteca, según la denuncia de la misma asociación que defiende el cambio de modelo de crecimiento urbanístico para permitir ganar en altura: «El territorio es limitado, el cielo no».

Sin embargo, la campaña de Armengol recupera una idea antigua, de las que se olvidan al día siguiente de las elecciones: convertir hoteles obsoletos en viviendas sociales y por supuesto la construcción de 14.000 viviendas en los próximos años, para lo que harán falta «más de 85 años», según la Asociación Balear de Inmobiliarias. Sus aliados persisten en restringir alquileres y ventas a extranjeros. Puro humo.