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Después del fallido intento de ataque frontal al Estado para conseguir sus objetivos, los separatistas catalanes han llegado a la conclusión de que la única manera de lograrlos es introducirse en las instituciones del Estado para demolerlo desde dentro. La llegada a La Moncloa de Sánchez y su necesidad de los votos de ERC para gobernar, ha sido aprovechada para chantajear permanentemente al presidente del Gobierno y para colocar a gente afín en puestos clave, que van desde la tercera autoridad del país a tres ministerios y secretarías de Estado, pasando por Indra, AENA... y    los medios de comunicación públicos y privados.

No han hecho nada que no hicieran antes en Cataluña: apoderarse de las instituciones para impregnarlas de su ideología radical, y considerar el Parlament como depositario de una soberanía catalana, inexistente en la Constitución, y que está por encima de cualquier ley. Pero lo peor es que esta toxicidad antidemocrática se la ha contagiado al Gobierno de la nación y a la mayoría parlamentaria que lo sustenta que, junto a la presidenta del Congreso, que hace las veces de ministra del Gobierno, completa el férreo control que ejerce sobre el Parlamento el Ejecutivo.

En esas condiciones, Aragonès, que teme el fracaso electoral de su aliado mirlo blanco, muestra sus prisas para que antes de la cita con las urnas quede ya garantizada su anhelada consulta. Las mismas prisas que tiene Sánchez para controlar el TC y el CGPJ, para lo que ha jugado fuerte con el fin de colocar a sus leales peones en el primero y sigue hostigando al PP para conseguirlo en el segundo.

Una garganta profunda catalana de mi confianza me informa de cómo será la celada de la consulta. No habrá referéndum, lo que se votará será un nuevo Estatut que irá más allá del de Maragall, que el TC mutiló en su día, con financiación preferencial y Justicia propia, salvo para algún tipo de delitos. Habrá dos opciones: continuar con el actual Estatut o sustituirlo por el nuevo. Un acuerdo tácito hará que los que desean la independencia se cuenten a través de los votos en blanco, sin ningún valor oficial en el resultado. Se prevé que la opción mayoritaria, con mucho, sería la del nuevo Estatut.