Cuando se promulgó la actual Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, hace ya cinco años, los expertos más reputados comentaron alborozados que al fin se corregía una anormalidad que se había ido consolidando progresivamente entre las normas urbanísticas, la de sustituir a los ayuntamientos como administraciones sobre las que recae en origen la potestad del planeamiento municipal, y suplirlo por leyes y reglamentos emanados de las comunidades autónomas y por disposiciones de los consells insulares. En definitiva, hasta la LUIB se venía favoreciendo una gran confusión conceptual entre la potestad legislativa y reglamentaria en materia urbanística y la de planeamiento, propia y originaria de los ayuntamientos.
Sin embargo, el afán intervencionista del Pacte, alentado especialmente desde Més per Mallorca, es un virus más difícil de controlar que la COVID.
El último Decreto Ley del Govern, a la espera de ratificación parlamentaria, vuelve a las andadas. El conseller Miquel Mir desconfía de los municipios, y por eso su departamento introduce sus zarpas en una de las competencias más genuinas de los consistorios, dejando totalmente vacía de contenido su capacidad para decidir dónde y cómo han de dar respuesta a un crecimiento poblacional que nadie busca, pero que es una realidad a la que no pueden dar la espalda. Aparentemente, la finalidad es loable, asumir de forma paternalista una competencia que no les corresponde para evitar un mayor consumo de territorio. Pero, tras decisiones como esta, lo que realmente se esconde es la incapacidad para poner freno a la ilegalidad urbanística y la nula planificación pública de vivienda. Al tiempo que se cercena hasta límites irracionales la capacidad de crecimiento legal de los municipios, proliferan, especialmente en Mallorca, los asentamientos ilegales de infraviviendas. Véase, si no, lo que está ocurriendo en miles de parcelas rústicas del Pla. Surgen contenedores, casetas prefabricadas y caravanas aquí y allá, algunas constituyendo auténticas urbanizaciones ilegales a la vista de cualquiera, como es el caso de los infames asentamientos de la carretera de Sineu, cuyo autor intelectual –perfectamente identificado– sigue expandiendo su vil negocio.
Y en ese, y en otros muchos supuestos, es el Consell, a través de la Agència de Defensa del Territori, el encargado de aplicar una disciplina urbanística que no llega nunca, y me temo que menos aun a cinco meses de unas elecciones.
En suma, se persigue a quienes quieren hacer las cosas bien y se tolera, a ojos de todos los ciudadanos, la ilegalidad urbanística más flagrante. ¿De verdad es este el modelo del Pacte?
- Algunos dirigentes del PI encajan mal los análisis y los confunden con deseos, cargando contra quienes ponemos sobre el papel determinadas pérdidas de apoyo territorial e ideológico. No insistiré. Ahora bien, me cuentan que la verdadera intención del giro de Melià y compañía es intentar pescar en el caladero tradicional de Més, con una versión nacionalista moderada que atraiga antiguos votantes pesemeros. El problema de esta estrategia es que cuando uno estira la sábana, acaba enseñando los pies. Y unir bajo una misma propuesta política a exvotantes de Més y de UM o la Lliga se me antoja tarea asaz difícil.
2 comentarios
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La seva anàlisi anterior, sobre la realitat de Proposta per les Illes, El Pi, em va semblar correcte, encertat i real. No entenc l'entestament de la parella autonòmica, i la parella insular, a no veure'l, del dependent Gili ja no s'espera més que un "si mi amo". El cap, i propietari de El Pi, em recorda al capità del Titànic, no sé perquè...
Xerrant d'urbanisme hem de recordar que el senyor Company va lliberalitzar el sol rústic i vàrem començar a posar més pressió especuladora a foravila. Que els ajuntaments hagin de rendir comptes al consell és bo, tots sabem que els municipis són molt petits i que els sobres en B (de Bárcenas) corren massa fàcilment. Seguir amb el model d'especulació urbanística dels darrers trenta anys és firmar la decadència de les illes, mos hem d'estimar més