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Nada bueno puede salir de una clase política partida en dos, en patética carrera de sacos por ver quién solemniza más su fe en la democracia y por ver quién se pone más estupendo acusando al otro de golpismo. Nuestros dirigentes, los que gobiernan y los que aspiran a gobernar, son unos insensatos
Eso es lo que se escenificó en el pleno del Congreso del jueves, del que salieron camino del Senado (se vota el día 22, si no lo evita antes el TC) las ‘arriesgadas’ decisiones de Sánchez: borrado de la sedición, tuneado de la malversación, cambio sobrevenido de las reglas de juego en el CGPJ y el TC, etc.
Al servicio de esa causa, la matemática parlamentaria se impuso por 184 síes frente a 64 noes (los diputados del PP y de Ciudadanos no participaron en la votación) en la heterogénea y controvertida proposición de ley apadrinada por los dos partidos de la coalición de Gobierno (PSOE y UP). Ninguna sorpresa en ese sentido. Pero los recursos de amparo presentados por el PP y Vox ante el TC, por supuesta violación de derechos fundamentales de los diputados, recalentaron la jornada en un intento de paralizar la tramitación de las enmiendas a distintas leyes orgánicas (Código Penal, TC y Poder Judicial, básicamente).
El intento ha quedado en al aire porque el pleno del tribunal de garantías quedó aplazado hasta el lunes, aunque el aplazamiento no impidió un bochornoso intercambio de pedradas entre una y otro bando político.
En otras palabras: tanto el PSOE y sus aliados como el conjunto de fuerzas a su derecha han renunciado a la lógica del consenso.
El resultado es que, a partir de ahora, será más barato desafiar al Estado por parte de sus objetores. La sedición de antes se convierte en ‘desordenes públicos agravados’. Y, en cuanto al uso de dinero público, meter la mano en la caja estará menos castigado siempre que no haya lucro personal.