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Por intensa que se presente la campaña electoral no puede servir de excusa a partidos y candidatos para prescindir del mínimo exigible de seriedad, rigor y respeto a la inteligencia ciudadana y evitar así la farsa de las amenazas de ruptura del Govern por parte de los socios minoritarios pero imprescindibles para la presidencia de Francina Armengol.

El turismo y la vivienda están resultando las cuestiones que mejor sirven para exponer diferencias de criterio entre los aliados, pero sin ir más allá de su verbalización. Tanto Podemos como Més recuperan un notable espíritu crítico contra las relaciones entre el sector hotelero y el PSOE, concretadas en una ley de Turismo surgida del Consell de Govern de la que, a toro pasado, quieren desmarcarse. Podemos va más allá. En la presentación de sus candidaturas ha criticado a los hoteleros por «dictar» las leyes al PSOE y a los socialistas por «ceder» a las exigencias de las compañías hoteleras, lo cual, por otro lado, no es ninguna novedad. Más difícil de digerir es que como integrantes del Govern hayan aceptado los mismos dictados y cedido a las mismas demandas. A medida que se aproximan las urnas, mayor es el estropicio que se causa a la coherencia.

La carencia de viviendas es otro foco de tensión entre las filas de la izquierda por falta de medidas valientes en Baleares y en el Congreso de los diputados, acusan desde Podemos a los gobiernos de los que el partido forma parte. Otra manera de convivir con el absurdo. Sin duda, la vivienda es un problema social de primer orden. Y también empresarial desde el momento que determinados puestos de trabajo no pueden cubrirse por la imposibilidad de los contratados de encontrar un techo; también lo es de las instituciones públicas: médicos, funcionarios, policías y guardias civiles que renuncian a desplazarse a las islas por la carestía de la vida y la falta de vivienda.

El Govern –recuérdese: PSOE, Podemos y Més– ha encontrado en la presión compradora inmobiliaria del dinero extranjero el refugio propicio para aliviar sus propias responsabilidades. El director general de Urbanisme ha señalado que «está viniendo la clase media del norte de Europa que cobra el doble o el triple que los mallorquines» para añadir que «la gente de aquí no puede competir hasta que no se ponga en marcha una regulación para los compradores extranjeros». De ahí la idea de Més de crear una comisión interdisciplinar para plantear las posibilidades de restringir la venta de propiedades a los no residentes, objetivo que topa frontalmente con las disposiciones europeas. Y Baleares también es Europa. El Govern centra el esfuerzo en buscar maneras de limitar la compraventa de propiedades –puro humo– y en medidas de subsidio para el acceso a la vivienda. Quizá fuera más exitoso poner el foco en el incremento de la productividad de la economía insular, sin ahogarla fiscalmente, y en el aumento de los sueldos, hasta su equiparación a esa clase media que cobra mucho más que los mallorquines.

Ni la vivienda, ni el turismo, pues, provocarán la ruptura de ninguna coalición. Del poder no se va nadie y se deglute lo que haga falta con tal de permanecer. Salvo que Pedro Sánchez quiera aparentar de nuevo ser moderado y rompa sus alianzas. Y a rebufo, también Francina Armengol.