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Por qué la vivienda en Baleares es hoy totalmente inaccesible para un trabajador? Los precios, también los de los bienes raíces, siempre se determinan por la oferta y la demanda, lo que significa que o bien estamos ante un exceso de compradores, o ante una escasez de promociones, o ante una combinación de ambas cosas. Este desfase es cuantificable: se necesitan decenas de miles de viviendas adicionales. Que los promotores no las ofrezcan, lo cual es su razón de ser, se debe a decisiones políticas erróneas adoptadas durante años.

Una es la falta de suelo. Los políticos de Baleares compiten a quien parece más ecologista, retirando suelo edificable. No sólo en áreas protegidas, lo cual es plausible, sino también donde no hay nada a proteger. ¿Qué ecologismo puede haber en que hoy entre dos edificios de seis pisos en Palma, sólo se permita un bloque de tres, como máximo? Además de un mamarracho, restringe la oferta innecesariamente. Por esto se puede decir que hoy en Palma no queda suelo y el que hay va a precio de oro. Como consecuencia, el suelo termina suponiendo 800 euros más en el metro cuadrado de una vivienda, cien mil euros de media, con cuarenta mil euros más si ha habido derribo de una edificación antigua. Un promotor me decía que esta semana vio un solar en la calle Manacor, apto para 19 pisos, por dos millones doscientos mil euros, más el derribo de la vivienda existente. Al final, en este caso, el suelo equivaldría a un recargo del cuarenta por ciento.

Un segundo factor es el coste de las transacciones inmobiliarias en Baleares y España. En el caso de la vivienda usada, el impuesto de trasmisiones patrimoniales fue aumentado por el Govern balear en casi un cincuenta por ciento, por la crisis del 2008, pero después no nos han devuelto a la situación anterior. Encima, toda la intermediación tiene costes desmesurados, propios de un país en el que el mercado funciona muy limitadamente.

También encarece que los municipios tramiten las licencias de obra de forma catastrófica. Aunque tienen que tardar máximo tres meses, en Palma emplean dieciocho. La inutilidad la encubren como rigor, como si en el resto del mundo nadie controlara. Esto también encarece la vivienda porque hay créditos pedidos en el banco y los intereses están corriendo. Cinco mil euros por vivienda por la ineficacia de unos políticos que ni siquiera piden perdón por el desaguisado. Hacer una vivienda puede implicar a cinco administraciones, a cual más lenta y complicada, retrasando y encareciéndolo todo.
Otra razón a añadir es la ausencia de vivienda social. Desde hace unos diez años prácticamente nadie construye vivienda social simplemente porque el Govern balear se ha empeñado en aplicar precios inviables (1.940 euros el metro cuadrado en Palma, ahora ligeramente mejorado, pero aún insuficiente). Quedan muy bonitos en el decreto, pero como no son realistas y no hay ninguna ayuda desde hace veinte años, el resultado es que ha desaparecido la VPO. Encima, sólo computan el metro cuadrado útil, no el construido.

Queda la vivienda de promoción pública, de la que mejor no hablar porque me sobrarían dedos de una mano para contar las promociones. Eso sí, los diseños salen en las revistas de arquitectura, que no es exactamente lo más demandado en esta crisis. Hacen tan pocas que hasta pueden enviar un político a entregar las llaves a cada adjudicatario.

El desastre se extiende al alquiler, al haber permitido el uso turístico de las viviendas, retiradas del mercado para residentes, y al tratar al propietario como a un enemigo bajo sospecha. El que quiere alquilar sabe que ni la Justicia ni el poder le protegerán.

Este fracaso absoluto se debe a la falta de realismo de nuestros políticos: no se puede tratar un producto de mercado a partir del apriorismo de que la propiedad privada es vergonzosa. Este es un negocio en el que sin oferta el precio se va a disparar y la víctima será el ciudadano. Hay que proteger la isla, pero no permitiendo la vivienda en suelo rústico y prohibiendo la de las clases medias. Hay que habilitar espacios para vivir, porque tenemos derecho a ello. Salvo que pretendamos ir por un modelo contrario a Europa y a la economía de mercado, basado en el intervencionismo público, que sólo aplican los países fracasados. Los ignorantes que nos gobiernan ya han dejado caer la idea de fijar precios máximos, lo cual va a convertir el desastre en crónico. A mí, pensar que el pirómano autor de este desastre vaya a ser nuestro bombero, me parece muy ingenuo. A estas alturas, ya deberían haber aprendido a ser pragmáticos. Si no, sólo les queda huir tras el fracaso.