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Mi respeto por todos aquellos que se encuentran fuera de lugar o a disgusto con su sexo, su género o su inclinación sexual. Son personas como cualquiera de nosotros con problemas, dudas o certezas que sus padres, sus profesores, los médicos y los psicólogos o psiquiatras tienen que ayudar a resolver; especialmente cuando hablamos de niños o niñas, de adolescentes que están descubriendo y formando su personalidad. Pero la ley trans que ahora se encuentra en el Congreso por un procedimiento de urgencia, que trata de evadir un debate serio y que divide profundamente al Gobierno, entre amenazas de Podemos y vaivenes del PSOE, es una ley perniciosa y disparatada que va a crear muchos problemas de salud, física y mental y, también, inseguridad jurídica, además de perjudicar, sobre todo, a la mujer. Aunque el PSOE va a tratar de introducir algunas enmiendas, que corrigen alguna de las barbaridades sociales y legales que incluía el proyecto original de clara inspiración ‘podemita’, el texto sigue planteando que el Registro Civil no recoja nuestro sexo, lo que somos biológicamente sino la «identidad sexual» que cada uno elija a partir de los 12 años, sin necesidad de razonar el cambio, y con posibilidad de modificarla en el futuro, sin límites, como proponía el proyecto original, o con algunos, con las enmiendas del PSOE. No solo no se han tenido en cuenta los informes de numerosos organismos sobre el particular, sino que se ha hurtado el debate al Congreso, a la comunidad científica, a la comunidad educativa y a los propios padres, porque ha primado la imposición de una ideología de género y un pensamiento excluyente que ha sido rechazado por la mayor parte de las corrientes feministas, entre ellas la que es mayoritaria en el propio PSOE. Las voces de Carmen Calvo, Amalia Valcárcel, Ángeles Álvarez y muchas más han sido ignoradas y algunos han pedido que sean purgadas, y la debilidad de Pedro Sánchez ante su socio de Gobierno ha hecho el resto.