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No hay una sola causa que motive a alguien a quitarse la vida, dicen los expertos, pero la realidad nos está demostrando que hay claros detonantes. ¿Qué pasa si la víctima recibe de otra persona el empujón final para ejecutar la decisión? El Código Penal recoge el delito de incitación al suicidio, pero el acoso reiterado e insoportable debería determinar más grados de participación de otros en la muerte de alguien. Y en este caso hay suicidios que podrían considerarse homicidios.

Un joven de 17 años se quitó la vida en Castellón hace unos años tras recibir 119 mensajes en tres horas de un hombre con amenazas, con el que había mantenido conversación virtual a través de una página de contactos y a quien no conocía personalmente. Su hostigamiento fue brutal. Un jurado popular ha declarado culpable de homicidio al acusado.

No es el primer caso, ni será el último, si no se aborda la protección de las víctimas, sobre todo menores. El suicidio es la segunda causa de defunción no natural entre 14 y 28 años a nivel mundial. En España los pediatras alertan del incremento del porcentaje de jóvenes con ideas suicidas (25,7 %), 10 puntos por encima de la media, y las tentativas en la población infantojuvenil aumentaron un escalofriante 250 % en 2020. Según la propia OMS, entre los factores está cada vez más frecuente el estigma, la humillación y la vergüenza. Por eso un informe de la OMS y Naciones Unidas señala el bullying como elemento detrás de 200.000 suicidios al año de jóvenes, como también denuncia Save the Children. Además está el ciberbullying o acoso a través de whatsapp y de redes sociales que difuminan la autoría y viralizan el escarnio público hasta lo psicológicamente intolerable.

El psicólogo Luis Fernando López, en su artículo ‘Suicidio, adolescencia, redes e internet’ publicado en la revista Norte de Salud Mental, pone el foco en la existencia impune de páginas prosuicida, foros y salas de chat en Internet consumidas por muchos menores, en las que se aportan motivaciones y se aconsejan métodos para suicidarse.

En Ibiza una mujer se quitó la vida en 2015 ante el acoso de su exmarido, al que había denunciado varias veces sin recibir ayuda. La propia Policía Nacional lo calificó de inducción al suicidio en su informe. El Código Penal establece penas de cárcel por este delito, y por fin la reforma de 2021 incluye el castigo para los que distribuyan por internet o teléfono contenidos que inciten a menores o discapacitados, pero la persecución se queda corta porque la protección debe ampliarse a cualquier individuo. Hay que analizar las implicaciones en todos los suicidios, no sea que haya más homicidios que se estén librando de condena.