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Transitar de la mera propaganda a la gestión es siempre complicado. Uno puede pasarse el día proclamando consignas para consumo de incondicionales, pero gestionar un área de gobierno es algo bien distinto. Desde que abrazó la política, Juan Pedro Yllanes se nos ha presentado como uno de los paladines de eso que se da en llamar la transición energética, entre cuyas medidas más visibles está el fomento de la movilidad eléctrica. Pero una cosa es predicar, y otra dar trigo.

Desde hace ya tiempo la red de estaciones de recarga de titularidad municipal funciona de forma muy deficiente. No es ya que dicha red sea raquítica y a todas luces insuficiente siquiera para abastecer el parque actual de vehículos eléctricos, sino que, encima, está mal mantenida –cuando no, directamente abandonada–, sin que a la mayor parte de los alcaldes parezca preocuparles lo más mínimo este hecho. Muchos ayuntamientos pasan olímpicamente de mantener sus puntos de recarga –que en gran parte de los municipios pueden contarse con los dedos de una mano–, quizás porque prefieren tener esa excusa para no tener que hacer frente al salvaje incremento de las tarifas eléctricas. La FELIB y su presidente, Antoni Salas, deberían tomar cartas en el asunto, porque está en juego la credibilidad de los alcaldes con relación a las medidas de ahorro energético, y no deberían pagar justos por pecadores.

Muchos ayuntamientos anuncian que van a ceder la gestión de sus puntos de recarga, lo que no debiera traducirse en desentenderse totalmente del tema. En cualquier caso, la aplicación autonómica, denominada MELIB, responsabilidad del departamento de Yllanes, y de la que hace solo unos días se anunció a bombo y platillo una total renovación, no funciona. Cuando los usuarios llaman al teléfono de atención al público, la persona que les atiende confirma eso, que lo sienten mucho, pero que no está funcionando y da muchos problemas. Menudo alivio que la administración reconozca que lo hace rematadamente mal. El siguiente paso lógico debería ser intentar arreglar este desaguisado cuanto antes, pero estamos en agosto y esto es España.

Francina Armengol presentó a quien literalmente quiso –no a los representantes del sector– su plan para la ‘gratuidad’ de la Educación Infantil en el tramo 2-3 años. Llama poderosamente la atención que desde protocolo del Govern y desde la Conselleria d’Educació se obviara convocar a tal acto a la organización que más centros de educación infantil tiene en las islas, a inmensa distancia de las demás, Escola Catòlica.

Cierto es que Armengol y Martí March parecen preferir rodearse de afines y recibir parabienes de la Assemblea 0-3 –que nadie sabe a quién representa– en lugar de sentarse y negociar las medidas con quienes de verdad las tendrán que implantar. Feos gratuitos aparte, el plan es ambicioso y responde a las demandas de la sociedad. Otra cosa es que las cantidades de las que se esté hablando sean claramente insuficientes para asegurar esa gratuidad anunciada, al menos con carácter universal. De momento, lo único garantizado sería un gran ahorro por familia. La gratuidad efectiva tiene otras vías más adecuadas, como los convenios y conciertos con titulares privados y ayuntamientos y la dotación de partidas suficientes.