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Los kioscos de la ciudad anuncian su cierre y deben ser de los pocos locales que no son susceptibles de convertirse en agencias inmobiliarias. Al actual ritmo de apertura de estos negocios ya hay calles con más inmobiliarias que bares. Se descuida uno, pierde un rato tomando el café y cuando se levanta tiene en la mano una oferta para hacerse por una propiedad única a un precio incompatible. En determinados barrios es más fácil entrar en un comercio a mirar pisos (lo de adquirirlos es otra historia) que comprar una barra de pan. La expansión de estos negocios solo tiene comparación con el boom efímero de las tiendas para vender cigarrillos electrónicos que emergieron como setas y quebraron todas medio año después.

El lunes, este diario publicaba que el año pasado, según los cálculos de la asociación que reúne a los vendedores de inmuebles, se compraron y vendieron pisos, fincas y chalés por algo más de 6.600 millones de euros. Como comparación, los presupuestos de la Comunitat para este año son unos 6.300. La mitad de esas operaciones correspondía a ciudadanos extranjeros.

Lástima de no disponer del dato de la cuantía que suponen las compras de este colectivo y las del resto. Pinta a que el desequilibrio será mucho mayor. La organización aseguraba estar muy en contra, pero mucho, de que se pudiera limitar la compra de viviendas por parte de no residentes en las Islas o de ciudadanos extranjeros. Apelaba su portavoz a la unidad de mercado europeo y de movimiento de capitales, principios sacrosantos. Se intuye el verdadero motivo: se nos acabaría el negocio. Desde aquí se propone un impuesto especial de actividades para las inmobiliarias: a tanto la ficha de cada oferta que cuelguen en el escaparate.