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Leí que ni Franco habría sido capaz de darle un giro tan brutal a la situación del Sahara Occidental. España era, y de jure sigue siendo, la potencia colonial. Si hubiese querido que la situación se arreglase según las reglas dictadas por la ONU bastaría que hubiese tomado las riendas, hubiese dado un golpe sobre la mesa y hubiese obligado a todas las partes miembros del acuerdo de Madrid de 1975, más Argelia, incluso bajo coacción, a llegar a un acuerdo.

Referente al trasto ese llamado ONU (usando una cariñosa referencia al general De Gaulle), se ha visto que no sirve para nada: si revisamos las estadísticas de las resoluciones de condena a países o los países que han compuesto o componen, e incluso dirigido, comisiones como la de Derechos Humanos constatamos que gran número de sus condenas y resoluciones son totalmente partidistas y politizadas, que la composición de algunos de sus órganos es absurda y que decisiones de ‘subtrastos’ como la UNESCO, que ahora se ponen a reescribir la historia, son reflejo de ignorancia histórica. Por eso, basar una solución al conflicto del Sahara en la buena voluntad de la ONU es como volver a esperar que se separen las aguas del Mar Rojo; no se ha hecho en 45 años y no se haría nunca.

A veces cuando hay una crisis, el más fuerte, o como en este caso el más flojo y que siempre se ha hecho remarcar por su política errónea, su silencio y su inacción, es el que debe dar un paso adelante. Por esa razón, pienso que la nueva posición española sobre el estatuto del Sahara Occidental es acertada aunque el método haya sido típico del presidente Sánchez: ignorar a todos y tomar una decisión de enorme calado sin tener ni siquiera en cuenta al mayor partido de la oposición que es el que, seguramente, tendrá que lidiar con las consecuencias futuras de dicha decisión.

Que nadie piense que la Marcha Verde fue un hecho aislado decidido por el rey Hassan II. El gran estadista que era, sin duda alguna, tenía luz verde de Washington y sabía que era el momento de darle una estacada a un régimen que no podría reaccionar. En la actualidad, el rey Mohamed VI siempre supo que lo que tocaba era sentarse y esperar: sabe que existe un proyecto o una propuesta tácitos, para llevarse las bases militares americanas de Morón y de Rota al Sahara Occidental; sabe que controla la inmigración ilegal que transita por su país; sabe que es una ayuda indispensable para la UE en el control del yihadismo y, que decir, de Ceuta y Melilla que, en principio, quedaron fuera del paraguas del artículo 5 del Tratado de Washington en caso de agresión por un país no miembro de la OTAN y que cuentan, la primera con 43 % y la segunda con más del 50 % de ciudadanos de origen marroquí.

Las propuestas desarrolladas en el seno del trato para una solución política definitiva de la crisis del Sahara, como un referéndum, son impracticables por detalles como el del censo electoral que ya incluye una población de mayoría marroquí y porque es imposible establecerlo. También por el carácter terrorista del Frente Polisario, pseudo representante saharaui, el cual ejerció, incluso y como lo reconoció nuestro propio Gobierno en 2006, ataques contra españoles con un total de 296 atentados y que fue hasta expulsado de España, como organización, en 1986. Mi conclusión, hoy, es que la mejor solución para las regiones del sur es, sin duda alguna, la negociación de un estatuto de autonomía de la región que le dé instituciones similares a las de nuestras CCAA en el seno del Reino de Marruecos.