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Desde que pertenecer al Estado se ha convertido en una forma de vida, la estructura burocrática ha crecido hasta conformar la hidra de siete cabezas que es ahora. Con esas dimensiones y ese costo vía impuestos, lo mínimo que se le podría exigir a esa monstruosa pirámide de chupatintas es profesionalidad. Que sepan lo que hacen. Lo digo porque el Govern balear, que cuando se creó hace cuarenta años era un organismo de tamaño humano, es hoy un gigantesco laberinto lleno de funcionarios, interinos, asesores y políticos.

Entre ellos, por supuesto, un servicio jurídico formado –hemos de suponer– por expertos en leyes. Pero, ay, se ve que estudiarse la Constitución –nuestra primera ley– de pe a pa es aburrido porque la mitad de las leyes que promueven desde el parlamento autonómico chocan de frente con los principios básicos de la legislación nacional. ¿Tan difícil debe ser? Dependiendo de la edición, es un libro de entre 100 y 200 páginas, así que no debería entrañar la menor dificultad para cualquiera con un nivel de formación mínimo.

Sus principios, además, están más que claros después de cuarenta y cuatro años en vigor. Son argumentaciones comunes al derecho de todo país democrático y desarrollado, que prácticamente cualquier ciudadano conoce. Aun así, nuestros políticos crean leyes bluf que son más propaganda que algo aplicable en la realidad sin saltarse a la torera las garantías jurídicas que asisten al ciudadano. Los gobernantes hacen promesas que saben que no puede cumplir y redactan leyes ilegales. Para eso, francamente, nos podríamos ahorrar sus sueldos y los de todos sus asesores.