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El nuevo bachillerato reformado nos trae los signos más evidentes de la modernidad didáctica. La asignatura de Historia de España omite todo lo sucedido antes de 1812, y se centra en lo contemporáneo. La prehistoria, la romanización, el reino visigótico, la dominación musulmana, la reconquista –con perdón–, el descubrimiento y colonización de América por el Reino de Castilla, la expansión mediterránea de Aragón, y no digamos ya lo que aconteció con la unión dinástica de Isabel y Fernando y todo lo posterior, Austrias y Borbones incluidos, son hechos que no interesa demasiado que conozcan nuestros jóvenes. España nació en Cádiz en 1812 –al final, se demuestra que somos todos andaluces–, y punto.

Realmente, el Gobierno y la ministra Pilar Alegría han sido excesivamente prudentes. Ya que estábamos, qué mejor que aprovechar y ceñir la historia de España que merece la pena estudiar al período 2016-2022. Así, la de nuestro país sería la Historia de Pedro, el grande, el ceremonioso, el excelso, el magnánimo y, sobre todo, el bello.

De paso, aseguraríamos las posibilidades de éxito de nuestros bachilleres, porque doscientos diez años de historia siguen siendo muchos, y teniendo en cuenta que la moderna pedagogía progresista preconiza que no hay que memorizar nada, y que además en esos dos siglos está la triste historia de la II República, el franquismo y otras desgracias, pues de esta forma daríamos una visión optimista de nuestro indestructible país a las nuevas generaciones.

Aunque, bien mirado, no hace falta tampoco que aprueben la materia para obtener el título, por lo que no entiendo demasiado este empeño en afeitar contenidos. Con lo fácil que es matricularse y suspender.

El pleno del Consell aprobó ayer inicialmente el reglamento que ha de ordenar el sector de las guarderías asistenciales 0-3, o lo que es lo mismo, los centros destinados a satisfacer las necesidades de conciliación de las familias.

El resultado que arrojó la votación fue un pírrico 16-13, pues toda la oposición en bloque rehusó el texto presentado por el IMAS, que las entidades del sector, encuadradas en PIMEM y Escola Catòlica, rechazan de plano.

Lo cierto es que, al contrario de lo que sucedió con la ley educativa, en este caso sí ha habido un diálogo fluido en el proceso de elaboración del reglamento. Pero, como casi siempre, el Pacte es víctima de grupúsculos radicales a los que se empeña en sacrificar los consensos alcanzados desde el sentido común. En este caso, la postrera introducción de enmiendas para satisfacer las demandas de la llamada Assemblea 0-3 –que no se sabe bien a quién representa, pero que es progre y totalmente contraria a la existencia de las guarderías asistenciales– ha destrozado un texto que se había pactado con el sector luego de múltiples reuniones y enmiendas y varios años de trabajo.

Las hipotecas de Catalina Cladera con determinadas minorías y la evidente falta de valentía política que adorna a la poblera han imposibilitado un acuerdo social y político que estuvo cercano y era deseable.
Y lo más chusco del asunto es que las enmiendas de última hora, además de ser incoherentes y de más que dudosa legalidad, acabarán fomentando la clandestinidad y la proliferación de centros sin ninguna clase de regulación.