Marc González04/02/22 3:59
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Comentaba con acierto, en su magnífica columna, Pedro Aguiló Mora que, al final, al contribuyente balear le va a salir mucho más cara la incompetencia del exconseller escosoberanista Gabriel Vicens que la corrupción de su hermano Tomeu. El argumento no deja de ser dolentó, pero encierra una gran verdad.

Durante varias legislaturas, los republicanos cargos de Més en el Govern –con la anuencia socialista– han venido disparando –oh, paradoja– con pólvora del rey, es decir, con su dinero –el de usted– y el mío, para dar rienda suelta a sus bajos instintos prohibicionistas. Si luego hay que indemnizar a los damnificados, pues se tira de presupuesto –en realidad, de deuda– y se acabó. La prudencia en el gasto es solo exigible a los gestores de la empresa privada, que incluso pueden acabar en prisión por administración desleal, pues los de la cosa pública gozan de la impune prebenda de dilapidar el dinero de todos sin que a la Fiscalía le parezca nada anormal.

La sentencia sobre la non nata urbanización de Muleta supone un enorme quebranto para las arcas públicas que repercutirá sobre servicios esenciales como la sanidad o la educación más pronto que tarde. De algún sitio tienen que salir los casi cien millones de euros que, a día de hoy, nos va a costar la broma. Por si no se han parado a pensarlo, resulta que la suma es casi equivalente al diez por ciento de todo el presupuesto anual de la Conselleria d’Educació.

Y semejante salvajada no es responsabilidad del urbanizador, que actuó siempre conforme a la normativa vigente, sino de una forma de hacer política de izquierdas que consiste en proteger el entorno cuando ya se han generado derechos a favor de particulares. De esta forma, los sucesivos Pactes han llegado siempre tarde a todas partes: ses Fontanelles, ahora Muleta, y muchos otros ejemplos de gestión proteccionista a destiempo.

Les pasa lo mismo con el patrimonio arquitectónico, siempre llegan tarde a catalogar edificios y elementos singulares, que acaban derruidos porque los progres son de suyo gandules y únicamente despiertan de su letargo cuando un emprendedor pretende ejercer sus derechos. Solo entonces se les ocurre que un edificio en el Paseo Mallorca, Can Bibiloni en la calle Aragó, o una fachada en Marquès de la Sènia, por poner ejemplos notorios, tienen que ser protegidos.

La conservación del entorno natural y cultural debería ser una preferencia de cualquier sociedad civilizada, pero mediante una correcta planificación que no suponga un coste inasumible para los ciudadanos.

Cómo no va a subir impuestos el Pacte, si es que juntando todo lo que recauda no le basta para pagar indemnizaciones a todos aquellos a quienes atropella.

Otra circunstancia curiosa de este asunto y de muchos otros precedentes similares es la absoluta pasividad de los defensores del interés público. Tras haber enchironado a todo cuando uemita o pepero pudieron, aunque fuese por adjudicar algún contrato de tres mil euros, por lo visto los fiscales anticorrupción debieron disolverse, porque no se ha vuelto a saber de ellos.

A día de hoy, la Fiscalía parece estar más ocupada en evaluar los daños a la salud mental de alguno de sus más conspicuos miembros de esa época, que en vigilar las tropelías de los gobernantes.