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A más protección del territorio, mayor es su precio y, por tanto, menos posibilidades de acceso tienen aquellas personas cuyos datos bancarios, sus cuentas corrientes, no les permiten figurar en el epígrafe de ricos o muy ricos. Con el final del año, el Consell de Mallorca aprobaba una nueva modificación del Plan Territorial de Mallorca con la finalidad de impedir la urbanización de más de 1.100 hectáreas de terreno donde estaban previstos posibles crecimientos de distintos pueblos y ciudades de la isla.
Como es marca de la casa en la coalición de izquierdas que gobierna la institución insular, igual ocurre en el resto, las decisiones trascendentes se adoptan con un criterio excluyente de los partidos de la oposición, de forma que en el mismo acto de aprobación los grupos de centro derecha ya anunciaban la derogación de las nuevas restricciones urbanísticas en caso de gobernar.

El futuro del territorio insular es, sin duda, el más importante desafío al que tiene que hacer frente la sociedad de Baleares y la pretensión de utilizarlo como instrumento partidista y electoral es tan ignominiosa como la incapacidad de alcanzar un consenso que ofrezca garantías jurídicas y evite la incertidumbre sobre el futuro de las normas. Habría sido la manera de ahorrarse los centenares de millones de euros públicos que cuestan las sucesivas recalificaciones de terrenos.
El ejecutivo insular alardea de haber contenido el desarrollo urbano como nunca se había hecho hasta ahora. La cara de ese planteamiento es una de las banderas históricas de la izquierda: el terreno insular es escaso, hay que protegerlo. Oponerse equivaldría a la muerte civil de quien osara hacerlo. La cruz, la carencia de vivienda asequible tanto para jóvenes como para economías humildes, un problema endémico cuya solución es también un estandarte de esa misma izquierda.

Tirando de eslóganes vendría a ser algo así como viviendas para todos, los que están y los que vendrán, pero sin consumir territorio. Distintos cálculos señalan un crecimiento poblacional en Baleares en torno a las 200.000 personas durante los próximos diez años. Los radicales de uno y otro signo político coinciden en la supuesta solución: cerrar puertas. Que no vengan más turistas ni, por supuesto, más trabajadores y mucho menos si son inmigrantes. Es la esencia del populismo, palabras sencillas frente a problemas complejos; y también una estupidez.

El binomio territorio-vivienda adquiere una nueva dimensión a la vista del demoledor informe de Cáritas sobre las consecuencias de la pandemia que, entre otras carencias, señala a Baleares como la comunidad con mayor pobreza energética en los hogares y el incremento de personas, por encima del 9 % de la población de las Islas, que ha necesitado acudir a familiares, amigos o entidades sociales para cubrir las necesidades más básicas, alimentos, ropa. Si antes de la pandemia las personas en riesgo o situación de pobreza se estimaban en unas 260.000 hay que añadirles ahora esas más de 90.000. El estudio evidencia que el llamado ‘escudo social’ no ha funcionado como tal para los desfavorecidos y han crecido las estadísticas de la pobreza y la exclusión social. Ante este panorama, cabe preguntarse si no nos están diseñando unas islas solo para ricos.