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Es bastante probable que Boris Johnson, primer ministro británico, se vea obligado a dimitir por los escándalos que está publicando toda (y es importante destacar lo de toda) la prensa del Reino Unido por las fiestas que organizaba su esposa y su equipo mientras el Gobierno pedía a los ciudadanos que evitasen las reuniones para evitar contagios. La última noticia aparecida el jueves confirma que Boris Johnson celebró dos fiestas de despedida, que se prolongaron hasta la madrugada, en las dependencias de Downing Street pese a las restricciones vigentes en aquel momento. Cuando Boris Johnson organizó el sarao, el Reino Unido se encontraba en luto nacional por la muerte del duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II. Reino Unido, además, ha sido uno de los países que ha aplicado unas restricciones más duras a lo largo de esta pandemia hasta el punto de que ha eliminado la cuarentena para los turistas hace apenas unos días. Pues bien, estos escándalos del primer ministro británico se están relatando durante días en la prensa del Reino Unido, que por supuesto exige la dimisión inmediata del conservador Boris Johnson.

Este episodio que se vive ahora mismo en Gran Bretaña confirma de nuevo que la democracia británica, como la estadounidense, la alemana o la francesa, se encuentra aún hoy a años luz de la española. En estos países un político dimite por revelarse que copió una tesis electoral, por no pagar multas, por desvelarse alguna relación extramatrimonial o incluso por haber sido objeto de una inspección del fisco. Cuando uno analiza lo que está ocurriendo con Boris Johnson por sus fiestas durante la pandemia vuelve a la memoria el lamentable episodio vivido con Francina Armengol en el Hat Bar, que recuerden primero se intentó negar, luego se perdió el expediente de sanción desde el Ajuntament de Palma para culminar con un relato de los hechos que no se lo creían ni los palmeros habituales de la presidenta balear. Aquel episodio, por cierto, tuvo más repercusión en los medios nacionales que en muchos de Balears hasta el punto de que fue desplazada a cuarta noticia en la tele autonómica durante toda una semana sin que eso provocase ningún tuit de denuncia por parte de nadie, los mismos que hubiesen convocado varias concentraciones si lo mismo hubiera ocurrido con un presidente del PP.

En ese momento la presidenta balear, y hay que recordarlo de nuevo, tendría que haber dimitido por mentir al negar de forma pública que la hubiesen pillado en un bar de copas fuera del horario que ella misma imponía al resto de ciudadanos, pero se fue de rositas en parte gracias a una tímida crítica mediática donde se puso el foco en una historia rocambolesca sobre un supuesto desmayo y gracias a la prevaricadora actuación municipal al ocultar el expediente donde se relataban los hechos por parte de un policía local. Pero no solo acaba el relato de este asunto, sino que el Govern, sin ningún tipo de pudor, publicó hace unos meses en el BOE que se buscaba al propietario del Hat Bar, que tuvo que cerrar, para imponerle una multa de 750 euros.

Fíjense en la diferencia: mientras en Reino Unido se exige a diario la dimisión de Boris Johnson por saltarse sus propias normas por la COVID aquí se multa al propietario del bar ya arruinado que infringió el horario de cierre de su negocio para servir una copa a la presidenta y sus colegas. Y aún nos dirán que somos ejemplares.