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Las vacaciones de los parlamentarios de Baleares y el intento de aumentarse los sueldos, momentáneamente frustrado, no contribuyen a mejorar el prestigio de los políticos. El último trabajo conocido del Parlament en pleno fue el debate y aprobación de los Presupuestos para este año, a finales de diciembre, para iniciar de inmediato el período de holganza propio de las fiestas de Navidad que para los parlamentarios se prolonga hasta el mes de febrero. No hay sector productivo que agregue a las de verano unas vacaciones de invierno tan prolongadas. Cierto es que así lo establecen todos los textos legales que ningún partido se ha propuesto nunca modificar con el fin de acercar el calendario laboral de la política regional al del resto de empleados; también lo es que el cierre de la cámara legislativa y de control del Ejecutivo es sinónimo de comodidad del Govern. Cuando accede al poder, el político tiende irremisiblemente a intentar orillar el control parlamentario y, ya puestos, cualquier tipo de escrutinio.

El prototipo palmario es Pedro Sánchez: el más alto tribunal le ha declarado inconstitucionales las decisiones y consecuencias de los estados de alarma decretados, una circunstancia que en una democracia algo más avanzada habría supuesto su dimisión inmediata o, cuando menos, un sonrojo que le hubiera obligado a pedir disculpas públicamente. Como muestra de la sensibilidad democrática del otro socio gobernante, Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno (octubre 2020), y más recientemente, Yolanda Díaz, por ahora también vicepresidenta, con formas nada sibilinas de rechazar la alternancia, han amenazado a la oposición con no volver a formar parte del Gobierno de España.
Desde la coalición gobernante en Baleares se ha transmitido a los medios que a pesar de las vacaciones invernales los grupos políticos siguen trabajando y este mes de enero se aprovecha para dilucidar el nombramiento de un nuevo director general de IB3, la dirección de la Oficina Anticorrupción y el futuro del non nato Síndic de Greuges.

Pretenden hacer ver que el acuerdo entre los partidos de la alianza de izquierdas supondrá un enorme esfuerzo. Tiene su explicación: en la radiotelevisión autonómica quieren mantener a «uno de los nuestros», por si las siguientes elecciones determinaran un cambio de orientación política del Govern; para la innecesaria Oficina Anticorrupción se busca un perfil que sólo ponga el foco en el PP. El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo balear, tiene más aristas. De hecho, desde la creación estatutaria de tal figura ningún gobierno ha puesto excesivo interés en crear la institución por la capacidad de incordiar al Govern que puede desarrollar en su función de amparar a los ciudadanos frente al poder. Consecuencias, en fin, del «hiperpartidismo» de Anne Applebaum, El ocaso de la democracia (Debate, 2020) por el que en un mundo polarizado no puede haber neutralidad ni instituciones no partidistas. Mientras, la Atención Primaria sumida en el caos, según los médicos de familia. Como para que vayan a cantarle las excelencias de la gestión del Govern a los miles de ciudadanos que esperan respuestas ante la pandemia, aunque sólo fuera una llamada telefónica o un SMS. No es buen momento para estar de vacaciones.