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De todos los ministros que formaron en los gobiernos de José María Aznar, Eduardo Zaplana fue posiblemente el de porte más descarado, quizás en reñida competencia con ‘Paco Cascos’. El valenciano, siempre más ‘estirado’ que el asturiano, aparecía como el mandamás que se reivindica a diario ante sus subalternos expresándose en cualquiera de esos términos que delatan la denominación de origen ético de las personas, ya saben, del estilo de «aquí el que manda soy yo», o el consagrado, «porque yo lo digo». En conjunto, un carácter adecuado para encajar a la perfección en el equipo de Aznar. Alcalde de Benidorm, presidente de la Generalitat Valenciana, y ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de Aznar –que sigue sin ser salpicado por los muchos asuntos turbios protagonizados por sus más cercanos colaboradores– Eduardo Zaplana es el principal implicado en el denominado ‘caso Erial’. Las investigaciones están próximas a su conclusión y será la autoridad judicial la que deberá decidir si le procesa sobre el pago de sobornos por la adjudicación de las ITV de la Comunidad Valenciana, relacionado con una larga lista de delitos que incluye prevaricación, fraude, cohecho, etc. Acerca de todos ellos existen indicios suficientes. Más allá de todo ello, en donde aflora el auténtico Zaplana ‘mafichulesco’ es en los procedimientos de blanqueo de dinero con los que volvían a España los dineros escamoteados. A tal fin, Zaplana recurrió a la compra de un inmueble en el barrio de Salamanca, apartamentos en la costa, relojes, un barco, entre otras propiedades. Y siempre contando con el apoyo de sus subalternos y presumiblemente con el de aquellos a los que servía.