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La crisis del coronavirus está exacerbando problemas ya conocidos enunciados (precariedad, desigualdad) y otros que se derivan de ellos (cuellos de botella en la distribución de mercancías, incipiente inflación). Pero, a su vez, esto nos permite considerar los errores de nuestro modelo productivo, y las posibles vías para redireccionarlo. Se trata de no eludir el pensamiento estratégico, la planificación estratégica, para observar nuevos horizontes para un crecimiento más inclusivo, con los ejes esenciales de los ODS de las Naciones Unidas. Urge evitar los errores cometidos tras el estallido de la Gran Recesión, cuando los rescates permitieron a las corporaciones aumentar todavía más sus ganancias al terminar la crisis, sin apuntalar las bases para una recuperación sólida e inclusiva.

Con la crisis del coronavirus, el Estado y las instituciones económicas están siendo otra vez actores principales: protagonistas en el alcance importante de la política monetaria, y fraguadores de pactos en la política fiscal. Esto implica proveer soluciones inmediatas, pensadas de modo tal que sirvan al interés público en el largo plazo. La base estratégica se edifica en una expansión de la inversión pública, un planteamiento que parece haber calado en los planes de reconstrucción europea. Los recursos se deberán obtener, de forma inmediata, a partir de peticiones de crédito y/o transferencias directas de capital, en forma de deuda perpetua. Y todo esto debe estar condicionado, en esta etapa de gran necesidad inversora, a una mayor flexibilidad por parte del BCE en sus requerimientos y exigencias. El retorno de la deuda debería ser uno de los grandes debates europeos, que favorezcan así una recuperación más simétrica.

Si se quiere hacer viable la deuda, con distintos planes de reestructuración, el avance de la inversión pública va a ser crucial, con la superación de la idea de un Estado ingenuo que paga desperfectos y los ‘socializa’, pero que es inocuo para exigir contrapartidas a quienes auxilia. Por el contrario, las políticas de austeridad expansiva no han supuesto, en el pasado inmediato, una contracción importante de la ratio deuda/PIB, sino que ese cociente ha aumentado. Pero estos resultados –como ya hemos escrito en otras ocasiones– no amilanan las propuestas de austeridad expansiva, observables en aportaciones del malogrado Alberto Alesina (The Effects of Fiscal Consolidations: Theory and Evidence, Cambridge, MA, 2017) y de sus numerosísimos e incondicionales seguidores.

La crisis derivada de la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto tanto la debilidad de nuestra economía y sistema de protección social, como la necesidad de superarla mediante la acción colectiva planificada, solidaria y en cooperación con el resto del mundo. La inversión pública debe jugar un rol fundamental en este escenario. Las medidas de consolidación fiscal, si se aplican, inferirán la estagnación económica: más contradicciones en el sur y en las clases sociales más vulnerables. Evitemos esto con discurso propio, basado en el rigor, y en una opción de economía política que preserve los bienes públicos como bienes del común.