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El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que penalizará en el IBI a los propietarios de pisos (grandes tenedores los llaman) que tengan los inmuebles vacíos en lugar de sacarlos al mercado de alquiler amparándose en una ley impulsada por el Gobierno de Sánchez. Incapaces de impulsar pisos sociales o de reformar los pisos ya existentes, el Ayuntamiento de Palma (Camp Redó es el eterno fracaso de la gestión municipal) opta por la salida más populista, que pasa por castigar a los propietarios que disponen de inmuebles y por alguna razón no los utilizan.

Más o menos sería lo mismo que hace Cort con las galerías de la Plaza Mayor, que llevan dos años cerradas y así seguirán al menos lo que resta de legislatura porque no saben qué hacer con ellas.

Mi pregunta es: ¿irán los funcionarios municipales piso por piso para saber si están vacíos y perseguirán a los propietarios? Si una vivienda está vacía porque el dueño vive en una residencia o con un familiar en otro inmueble, ¿será castigado por ello con un IBI más caro? Todo parece muy raro.

Lamentablemente estas propuestas de penalizar a los dueños de pisos vacíos no es la primera vez que se plantean. Ni la tercera, ni la cuarta. Cada vez que se anuncian iniciativas para promover el alquiler se apunta a los propietarios de viviendas como si ellos fuesen los culpables de que la Administración sea incapaz de hacer promociones sociales o, en el mejor de los casos, de liberar suelo público para facilitar la construcción de más viviendas. Si hubiese más suelo urbano disponible quizás el precio bajaría y las edificaciones serían más baratas. Igual ni se les ha ocurrido.

Este tipo de políticas de vivienda de acosar a propietarios de pisos se parece cada vez más a aquella película sobre el Día de la Marmota, donde el protagonista (Bill Murray) se levantaba a diario para revivir las mismas experiencias jornada a jornada. Pues la política de vivienda de las administraciones se repite legislatura tras legislatura y la escena sería más o menos la siguiente: ocupan los cargos, revisan cuántos pisos sociales hay disponibles, buscan solares para hacer viviendas sociales, se dan cuenta de que no hay solares, los precios de los alquileres siguen subiendo, para acabar buscando las soluciones en la propiedad privada mediante decisiones de dudosa constitucionalidad. Paralelamente, las promotoras privadas hace tiempo que no quieren hacer pisos sociales porque no quieren tener ninguna relación con las administraciones. Y así se llega a la actual situación: las viviendas son caras para comprar y alquilar. Un fracaso total.

Si tienen alguna esperanza de que estas medidas provocarán que el mercado de alquiler de pisos tienda a la baja en los próximos meses ya les aviso que todo seguirá igual, pero habrán provocado la indignación de los propietarios de pisos, los llamados tenedores, si es que realmente hay tantos como dicen.

Lo que sí hay que valorar positivamente es que desde el gobierno municipal hayan elegido a Alberto Jarabo como portavoz para anunciar estas medidas que penalizarán a los propietarios de pisos, aunque el dirigente de Podemos lo que conoce realmente es realquilar viviendas, y no precisamente sociales, sino turísticas. Para hacer caja en verano, ya saben. Y sin declarar a Hacienda, por cierto.