TW
1

Los retos que se abren a la economía balear son ingentes. Nos encontramos en una encrucijada que obliga a los poderes públicos y la sociedad civil a pensar de manera colectiva, sinérgica, empática. Estratégica. El planteamiento táctico, importante en el mundo de la política y, por tanto, en el de la economía, se centra en perspectivas que se focalizan sobre todo en la coyuntura: el día a día, el momento preciso, cercano, inmediato, fases en las que urge dar respuestas expeditivas para afrontar los graves problemas que sacuden la sociedad. Lo hemos visto –lo estamos viendo– en la crisis actual; lo pudimos comprobar igualmente en la recesión financiera y económica iniciada en 2008. Pero el salto cualitativo, la visión más amplia con políticas de cambio y transformación, se remarca en coordenadas cronológicas más extensas: el futuro que tratamos de construir, de forma conjunta, consensuada –a poder ser–, que economistas importantes (Carlota Pérez, Mariana Mazzucato, Philippe Aghion) vinculados a la investigación sobre la innovación imputan a un concepto seminal: la misión.

El término irrumpió de la mano de la planificación estratégica, divulgada desde hace décadas en las escuelas de negocio más relevantes. Fijar visiones, análisis DAFO y concretar misiones, conformaron un trípode básico que se aplicaba, desde metodologías endógenas, a distintas organizaciones y empresas. En este contexto, se trata de generar asociaciones entre el sector público y el privado, con objetivos comunes: resolver los problemas urgentes de la sociedad. Las políticas tienen que recuperar el propósito público; es decir, generar beneficios sociales para la ciudadanía. El enfoque estriba en escoger direcciones concretas para la economía. Y, por ello, se persigue el planteamiento estratégico de los gobiernos, al margen de su dimensión. Esto es interesante para las Islas, en el contexto de la llegada previsible de recursos económicos provenientes de la Next Generation. Pero es igualmente importante, atendiendo a la cantidad de dinero ya recibido por la Administración autonómica a raíz del estallido de la crisis del coronavirus.

En ambas situaciones, el desafío es gestionar con eficiencia estos flujos y hacerlo en las orientaciones correctas si lo que se quiere es replantear el modelo de crecimiento. A este respecto, cabe escoger propósitos claros en la agenda política: ¿Movilidad sostenible? ¿Digitalización? ¿Transición energética? ¿Eliminación de plazas turísticas? Esto inferirá la asunción de riesgos y la apuesta por iniciativas innovadoras. Las zonas de confort deberán abandonarse, lo que remite a dinamizar las instituciones implicadas en los procesos administrativos. Esto impondrá colaboraciones intensas entre distintos ámbitos, por dos motivos centrales: se hará imprescindible la cooperación pública y privada; y, al mismo tiempo, será necesario dibujar escenarios que superen el corto plazo y que, por tanto, reclamen presupuestos plurianuales que se deberán evaluar y/o matizar en función de los resultados obtenidos. La dispersión organizativa puede ser el camino más precipitado hacia el fracaso.