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Las personas que consiguen alcanzar las costas insulares en patera son el lumpen de la inmigración para las instituciones oficiales de Baleares. Al menos así se desprende del hecho de que un grupo de recién llegados tuviera que pernoctar en el suelo de hormigón de la Jefatura Superior de Policía de Palma porque los agentes encargados de su custodia no disponían de ningún otro lugar al que llevarlos para que no pasaran la noche al raso y solo encontraron el silencio por respuesta en el Govern de Francina Armengol. El acceso al garaje de la sede policial se identifica ahora como la rampa de la vergüenza.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha denunciado lo sucedido criticando duramente la falta de instrucciones ante casos como este cuya frecuencia ha aumentado considerablemente y sin duda lo seguirá haciendo. Dicen los policías, y con razón, que ha habido «tiempo suficiente» para establecer protocolos que eviten circunstancias humillantes como la descrita y, además, de alto riesgo a causa de la pandemia; de hecho algunos inmigrantes estaban contagiados y otros pudieron marcharse, al haber excedido el tiempo de retención, sin cuarentena alguna y habiendo estado en contacto estrecho con los positivos. No hay constancia de explicaciones por parte de la delegada del Gobierno ni tampoco del Govern.

En los tiempos que corren, también la solidaridad pública se mide en términos de imagen política y, visto lo visto, la foto de la patera no aporta beneficio alguno. A diferencia de no hace tanto. En junio de 2018, recién estrenado como presidente, Pedro Sánchez conseguía un primer golpe de efecto con la acogida del barco Aquarius que había rescatado a 650 personas perdidas en el Mediterráneo y no encontraba puerto. Tan buena era la foto que el Govern de Armengol, en una auténtica carrera entre comunidades autónomas, ofreció cobijo a 25 de esas personas, en medio de muestras de júbilo oficial y pomposas declaraciones de humanitarismo, con pancarta de bienvenida en la fachada de Cort incluida por orden del alcalde de turno del pacto de izquierdas, entonces Antoni Noguera. Al año siguiente parecía repetirse la historia con el barco Open Arms. Pero el entusiasmo había decaído hasta el punto de que para Sánchez era un problema del Ejecutivo italiano. Una consellera del Govern, Fina Santiago (Més), muy crítica con la falta de reacción del gobierno, participó en una manifestación en demanda de auxilio a los rescatados. La pancarta pregonando Palma como ciudad de refugio acumulaba polvo en alguna dependencia municipal.

Tan cierto como que la migración forma parte de la naturaleza humana es que hay clases y clases de inmigrantes, aunque se jueguen la vida por igual en el empeño de alcanzar una existencia mejor: los que consiguen salir en los medios informativos por haber sido rescatados por una ONG de prestigio y los de la patera. Los primeros incluso pueden aspirar al estatuto de refugiado si coinciden con que Sánchez o Armengol o, apurando al máximo, incluso Hila, están con necesidad de foto humanitaria. A los de la patera les espera un espigón del muelle o, con suerte, el garaje de la Policía Nacional. Según los datos de la ONG Caminando Fronteras, desde enero han muerto en el mar 2.087 personas, tantas como todo el año pasado.