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Protestaba una señora por la radio porque el Supremo había levantado el toque de queda en Baleares: «¿A ver por qué tienen que decidir esto los jueces y no los médicos y epidemiólogos?» Estaba indignada, la mujer que, con razón espera que sobre salud decidan los galenos y que los juristas se dediquen a sus cosas. Como resulta que han sido magistrados quienes han tenido que decidir poner o quitar el toque de queda en Baleares después del estado de alarma se puede coincidir con la señora que algo ha ido mal. Los médicos carecen de capacidad para imponer sus decisiones incluso a sus propios pacientes.

Si pudieran hacerlo nadie fumaría, todo el mundo haría ejercicio, tener el colesterol alto sería motivo de multa y los controles de tensión serían obligatorios cada pocos días. Descartados entonces estos como sospechosos, la responsabilidad de ejecutar los consejos de los médicos corresponde a los poderes políticos y es ahí donde debería haber apuntado la señora que se había enfadado con los jueces.

Como tras el estado de alarma la cosa se quedó en el aire y fueron las comunidades quienes decidieron, el Gobierno dejó en manos del Supremo unificar criterios a base de recursos y sentencias. Cuando más tarde, el Ejecutivo ha planteado un marco más o menos únicos, han sido numerosas las comunidades que han dicho que no piensan cumplirlo porque tienen su margen de actuación.

Así pues, la incapacidad de establecer criterios claros desde hace más de un año para qué se puede y qué no se puede hacer es lo que tienen indignada, en el fondo a la señora que hablaba en la radio. La falta de capacidad para establecer políticas de cierto consenso lleva a dejar cada vez más esferas públicas queden en manos judiciales. Con esta deriva, la no convocatoria de Sergio Ramos para la Eurocopa terminará encima de la Sala de lo Social del Supremo. Al tiempo.