El caso Calanova

El origen del caso está en una querella presentada en enero de 2017 contra mí y otras personas por Alfonso Robledo –presidente de PIMEM-Restauración– por la adjudicación del puerto Calanova con la supuesta intención de beneficiar a mi actual socio de despacho, quien por aquel entonces tenía una participación minoritaria en la sociedad que ganó el concurso, que fue la que mayor canon ofreció con enorme diferencia sobre las demás.

El motivo que llevó a Alfonso Robledo a presentar la querella contra nosotros fue la venganza por no haber conseguido, tras sus negociaciones con la actual concesionaria, la prórroga de su explotación del restaurante del Calanova.

Por ello, nada más y nada menos que cuatro años después de la adjudicación del puerto, justo cuando no consiguió llegar a un acuerdo con la adjudicataria para continuar con la explotación del restaurante, amenazó a mi socio de despacho con presentar una querella contra nosotros si no convencía a la adjudicataria para que le dejara continuar con la explotación. Yo, que no era la primera vez que recibía este tipo de amenazas, le recomendé a mi socio que se fuera directamente al Juzgado de Guardia. Mi socio no le dio importancia y finalmente pasó lo que pasó.

Debo señalar que mi única participación en la elección de la empresa adjudicataria de la concesión fue la de votar en el Consejo de Administración de Ports IB –formado por 19 personas– el cual, sin ningún voto en contra, adjudicó la concesión de acuerdo con la propuesta efectuada por una Mesa de Valoración de Ofertas de la que yo no formaba parte y que, por cierto, estaba formada sólo por funcionarios.

Pues bien, de todas las pruebas practicadas en la instrucción no ha aparecido ni el más mínimo indicio de que yo realizase algún tipo de indicación o sugerencia a nadie en relación al resultado del concurso. Se discute simplemente sobre el mayor o menor grado de amistad que yo tenía entonces con mi actual socio y sobre la influencia –debió ser telepática– que yo ejercí sobre el secretario de la Conselleria, quien presidía la Mesa de Valoración de Ofertas.

Sería absurdo e imposible contar aquí lo que ha ocurrido en los más de cuatro años que llevamos de asunto Calanova, aunque sí hay algunos hechos curiosos que hacen que este procedimiento sea un tanto especial.

Porque es algo especial que el agente X27337J de la Guardia Civil –y otro– visitaran a mi exmujer unos días después de que prestara declaración ante el juzgado para recriminarle que había sido muy tibia en su declaración contra mí. Añadiendo que yo era una mala persona y que le era infiel con una persona concreta, a quien yo ni conocía.

Lo llamativo del tema es que el citado agente X27337J es el mismo que realizó unos lamentables informes jurídicos en el asunto Radio Calvià –que fue archivado en fase de instrucción sin que yo tuviera que declarar– y el mismo al que yo llamé Torrente –por su falta de imparcialidad y pericia jurídica– en una rueda de prensa y en un artículo publicado en el diario El Mundo.

Por eso, el pasado mes de enero, mi exmujer me envió un whatsapp que decía literalmente: «Espero que al final la verdad salga a la luz porque no puede ser. Mira que te dije que te callaras lo de Torrente en su momento. La gente no olvida. Y llevan muchos años contigo pinchando en hueso y al final han encontrado a una loca resentida», refiriéndose a la expareja de mi socio.

Otra curiosidad de este tema es que unos meses antes de la interposición de la querella, un amigo de Alfonso Robledo –Miguel Ángel Galeote– presentó una denuncia en la Guardia Civil –que fue remitida a la Fiscalía– que coincide literalmente en multitud de párrafos con la querella presentada por Alfonso Robledo y que culminó con unas actuaciones investigadoras un tanto extrañas, citando a declarar a determinadas personas previamente seleccionadas que, o bien no tenían ningún conocimiento sobre el asunto, o bien la opinión sobre el mismo iba a ser perjudicial para nosotros. Y por supuesto, jamás se citó a declarar a todos los letrados del Govern –incluida la Jefatura de la Asesoría Jurídica– que avalaron con sus informes la legalidad del procedimiento.

La curiosa cronología de dicha denuncia fue la siguiente:

1. Se presentó ya redactada, casualmente ante el omnipresente agente X27337J (y otro), el día 4 de octubre de 2016 a las 10:15 horas.

2. Ese mismo día entró en Fiscalía.

3. Ese mismo día el Fiscal Superior, Bartolomé Barceló, ordenó que se incoaran Diligencias de Investigación, designando a tal efecto al fiscal Pedro Horrach, gran amigo del letrado de Alfonso Robledo.

4. Ese mismo día Horrach firmó la solicitud de libramiento de Oficio a la AEAT de Baleares para que enviase la Base de Datos Consolidada de la concesionaria.

5. Ese mismo día salió el Oficio de Fiscalía.

6. Ese mismo día Horrach firmó otra solicitud de libramiento de Oficio a la AEAT de Baleares para que ampliara la información solicitada anteriormente incluyendo préstamos y tráfico de divisas de la concesionaria.

7. Y el día 2 de noviembre Horrach tomó declaración a una funcionaria que había sido muy crítica con la concesión, cuando ni siquiera había intervenido en el procedimiento por estar entonces en excedencia.

Todo ello demuestra una extraordinaria profesionalidad y celeridad por parte del fiscal Horrach. Después, cuando este pasó a ejercer de abogado, el asunto fue continuado con gran interés por la fiscal Laura Pellón, justo hasta que fue destinada a uno de los codiciados siete puestos que le corresponden a España en la nueva Fiscalía Europea.

También llama la atención la postura de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, la cual, después de defender la legalidad del concurso, ha terminado acusándonos de varios delitos. Eso sí, diciendo en su escrito de acusación que no hay perjuicio para la comunidad –lógico, ya que convertimos un lastre económico para los bolsillos de los ciudadanos de más de un millón de euros al año en un ingreso anual de 748.000 euros– y que la concesión no debe ser anulada en el procedimiento penal. Dejo a la consideración de ustedes valorar semejante pirueta jurídica.

Otro tema que nos llamó la atención es el siguiente: como la instrucción parecía dar una importancia enorme a la amistad –inexistente por aquel entonces– entre mi socio y yo, y como la exnovia de mi socio –despechada porque su relación se terminó con algunos regalos de boda ya recibidos– declaró falsamente que éramos muy amigos y que nos veíamos dos o tres veces por semana, presentamos una querella por falso testimonio contra ella.

Casualmente, por reparto, la querella cayó también en el Juzgado de Instrucción nº 3 (el del Calanova). Hasta aquí nada raro. Pero dicha querella fue rápidamente inadmitida a trámite por el Juez instructor del caso Calanova, Iñigo Ares González, cuando:

1. En virtud del BOE nº 22, de fecha 26 de enero de 2021, el mencionado juez cesó como juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma el día 27 de enero de 2021, siendo, desde el día 28 de enero de 2021 juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de Manacor.

2. La querella entró por reparto en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma el día 28 de enero de 2021.

3. Y el auto de inadmisión a trámite de la querella es de 5 de febrero de 2021.
Pero es que dicho juez, no solo inadmitió a trámite la querella presentada en Palma siendo juez de Manacor, sino que, de manera sorprendente, abrió diligencias contra mí por presionar a testigos, diligencias que fueron archivadas rápidamente por su sustituta en el Juzgado de Instrucción nº3 de Palma.

Juzguen ustedes mismos. Y no piensen que estoy hablando de complots o conspiraciones en mi contra. Para nada. Estoy narrando hechos aislados que han confluido en este caso, nada más. Solo les ruego que, cuando el tema se archive –como todos los anteriores– piensen en lo que les he contado y en los cientos de personas que han estado en situaciones parecidas a la mía.

Yo, por mi parte, no tengo prisa. Siempre he sido un buen corredor de fondo que, pese a todo, sigue creyendo firmemente en la Justicia.